BRASIL

El informe de la comisión del Senado que investigación la gestión del gobierno de la pandemia del COVID-19, acusó al presidente Jair Bolsonaro de varios delitos, entre ellos “crímenes contra la humanidad”. En total le achaca a Bolsonaro diez delitos.

La Comisión Parlamentaria del Investigación (CPI) del Senado trabajó durante seis meses en la gestión del gobierno durante la pandemia que ya ha dejado más de 604.000 muertos en Brasil, el segundo país más enlutado del mundo después de Estados Unidos.

El relator presentó ayer miércoles su informe final, en el que concluyó que el gobierno expuso “deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa”, incluyendo a la vulnerable población indígena, por lo que pidió la inculpación de Bolsonaro.

El informe también incluye como acusados a cuatro ministros y a otras 61 personas sospechosas de diversos delitos, entre las cuales figuran tres hijos del mandatario: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos Bolsonaro, supuestos responsables de una red de difusión de noticias falsas sobre la pandemia.

Además de crímenes contra la humanidad y de agravar la crisis sanitaria por una “decisión política”, la CPI le señala a Bolsonaro otros ocho delitos, tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica, incitación al delito, atentados contra la dignidad del cargo, prevaricación, falsificación de documentos y uso irregular de dinero público.

El identifica también entre los sospechosos a los actuales ministros de Salud, Marcelo Queiroga; Defensa, Walter Braga Netto; Trabajo, Onyx Lorenzoni, y Contraloría, Wagner Rosario. Asimismo, figuran ex colaboradores de Bolsonaro, como el excanciller Ernesto Araújo y Eduardo Pazuello, ministro de Salud entre mayo de 2020 y abril pasado, en los momentos más duros de la pandemia en Brasil.

La CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Pero el informe, con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como “cobayas humanas” para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una corte internacional.

“El presidente incentivó en forma reiterada a la población a incumplir el distanciamiento social, se opuso al uso de mascarilla, promovió aglomeraciones e intentó descalificar las vacunas”, dice el informe.

Agrega que “esa estrategia, en verdad fundamentada en la idea de que el contagio natural induciría a la inmunidad colectiva, fue producto de una decisión política que apuntaba exclusivamente a una rápida retomada de las actividades económicas”.

Se trató de una “estrategia macabra”, añadió Calheiros.

Si se hubieran adoptado medidas para contener la circulación del virus, “se podrían haber salvado 120.000 vidas para fines de marzo de 2021”.

Bolsonaro es “el principal responsable de los errores cometidos por el gobierno”, completa el relator del informe, que será votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia, criticó las medidas de aislamiento, el uso de barbijos y defendió medicamentos sin eficacia contra el covid, como la hidroxicloroquina.

Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará y continúa defendiendo estos medicamentos, que son contraindicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será más que nada simbólico, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para las elecciones de octubre de 2022 lo muestran detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por “prevaricación” al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

O las conexiones entre el gobierno y operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el “tratamiento precoz” del coronavirus. Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que ha impactado al país.

“Hicimos lo correcto. No tenemos culpa de nada”, dijo el presidente

El presidente Jair Bolsonaro aseguró ayer miércoles que no tiene “culpa de nada” y que hizo “lo correcto” desde el inicio de la pandemia del COVID-19. “Sería bueno que la CPI (Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado) hubiese hecho algo productivo para nuestro país. Pero ocuparon el tiempo de nuestro ministro de Salud, de funcionarios públicos, de personas humildes y empresarios, y no produjeron nada salvo odio y rencor entre algunos de nosotros”, dijo el mandatario durante un acto oficial en el estado de Ceará pocas horas después de la presentación del informe que lo responsabiliza. “Sabemos que no tenemos culpa de absolutamente nada. Sabemos que hicimos lo correcto desde el principio”, añadió.

Por su parte, el senador Fernando Bezerra, jefe del oficialismo en el Senado, denunció ayer miércoles que el informe de la CPI que investigó la gestión del Gobierno frente a la pandemia será una “pieza política”, sin “elementos jurídicos” contra el presidente Jair Bolsonaro.

Bezerra acusó a la comisión de prestarse para “un acto político, que no puede llevar a criminalizar al presidente de un país con más de 200 millones de habitantes”.

Según dijo el jefe del Gobierno en el Senado, “o se presenta un informe técnico o se elabora una pieza política e ideológica sin valor legal, pues no hay elementos jurídicos que puedan sustentar la responsabilidad del presidente de la República”.