EFE, AFP
Un día después del asesinato del fiscal antimafia César Suárez, la Policía y el Ejército de Ecuador volvieron a entrar a la cárcel de Guayaquil de la que se fugó el jefe narco José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de la banda criminal Los Choneros. La requisa no solo buscaba armas, sino también pistas que llevaran a los asesinos del fiscal.

Suárez, que investigaba el ataque armado contra un canal de televisión en el marco de una sangrienta escalada de violencia de parte de organizaciones criminales, fue asesinado a tiros el miércoles cuando circulaba en su vehículo por un barrio del puerto de Guayaquil.

Durante la intervención los policías y militares inmovilizaron a los presos semidesnudos en uno de los patios, con el objetivo de realizar un exhaustivo registro a las celdas como lo hicieron días atrás en otras cárceles donde se registraron motines con 200 rehenes.

Los uniformados hicieron que los reclusos cantaran el himno nacional frente a una banda ecuatoriana, según se aprecia en las imágenes difundidas en redes sociales por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

En las anteriores intervenciones carcelarias realizadas por las autoridades desde el inicio de la “guerra interna” declarada por el gobierno contra las bandas del crimen organizado se hallaron numerosas armas de fuego, armas blancas, chalecos antibalas y granadas.

Similares requisas hechas el año pasado dieron cuenta de que las bandas criminales, que tienen el control interno de numerosas cárceles, poseían auténticos arsenales de guerra con fusiles de asalto, como sucedió en el caso de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande y poblada de Ecuador, contigua a la Cárcel Regional de Guayaquil.

En el caso de esta última eran Los Choneros quienes dominaban todo el recinto, con Fito como mandamás absoluto.

Fito se fugó de esa prisión antes de que las autoridades ecuatorianas fuesen a buscarlo a su celda para aislarlo en la vecina cárcel de máxima seguridad de La Roca, como parte del inicio del plan del gobierno del presidente Daniel Noboa de recuperar el control de las cárceles.

A esta noticia le sucedió una oleada de atentados y acciones violentas como el secuestro de policías, asesinatos, artefactos explosivos, vehículos incendiados, la toma de un canal de televisión por un grupo de 13 hombres armados ahora detenidos y motines en al menos siete cárceles con unos 200 rehenes posteriormente liberados.

En esos motines lograron fugarse al menos 87 presos, principalmente, de las prisiones de Esmeraldas y de Riobamba.

Entre los reclusos fugados de esa última está Fabricio Colón Pico, cabecilla de la banda criminal Los Lobos y señalado por la fiscal general, Diana Salazar, como artífice de un plan contra ella para matarla.

Hasta ahora se desconoce el paradero tanto de Fito como de Colón Pico, si bien se especula con que podría haber pasado de manera clandestina a Colombia.

En las cárceles desde 2020 han sido asesinados más de 450 presos en una serie de masacres entre grupos rivales.

Esa violencia también se ha trasladado a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países más violentos del mundo con alrededor de 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023, la cifra más alta desde que se tiene registro.

A raíz de los episodios violentos de la semana pasada, el gobierno declaró que Ecuador se encuentra en un “conflicto armado interno” contra el crimen organizado y señaló a 22 bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales para que sean neutralizados por las fuerzas estatales.

La espectacular toma en plena transmisión de un programa del canal TC el pasado 9 de enero conmocionó al país y llevó al presidente Noboa a declarar un “conflicto armado interno” y ordenar una lucha sin tregua contra una veintena de bandas.

“Ante el asesinato de nuestro compañero César Suárez (...) voy a ser enfática: los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, expresó el miércoles la fiscal general Diana Salazar, en un video difundido por la red social X.

Semanas antes de la arremetida violenta, Salazar había revelado los nexos entre las bandas y las más altas esferas del poder.

La investigación Metástasis señaló a jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria, entre otros, de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, apartamentos y lujos.

“Que el país esté preparado (...) la respuesta a este operativo será una escalada de violencia”, anticipó entonces Salazar.

Entre el 9 y el 17 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 20.800 operativos y han detenido a 1.975 personas de las cuales 158 están señaladas de “terrorismo”, según las Fuerzas Armadas.

El fiscal Suárez dirigió investigaciones que destaparon la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia de covid-19.

Luego del asesinato de Suárez, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó el “fuerte compromiso del gobierno nacional en apoyar a las instancias de la administración de justicia”.

La fiscal general también ha denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los líderes de la banda Los Lobos, quien se fugó de prisión en medio de los desmanes ocurridos en las prisiones la semana pasada.