AFP, Agencia EFE
Con nueve de las 11 preguntas aprobadas en el referendo de ayer, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habría logrado permitir la extradición de connacionales y endurecer condenas contra el crimen organizado, según los resultados de una encuesta a boca de urna de Infinity Estrategas.

El “Sí” lograría entre 68% y 80% de la votación total, incluidos blancos y nulos, de acuerdo con el sondeo divulgado por varios medios nacionales y que fue contratado -señaló el canal Teleamazonas- por el gobierno.

El “No”, en cambio, triunfaría en las interrogantes que pretendían restablecer el trabajo por horas y reconocer el arbitraje internacional para resolver controversias.

De las cinco propuestas en referendo y seis en consulta popular, la mayoría apuntaron a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en un estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

El ausentismo en la consulta popular fue “muy alto” con un 28%, según afirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, al expresar su preocupación por la bajada en la participación de los electores.

La jornada de votación resultó impactante por el asesinado del director de la cárcel de El Rodeo (en la ciudad de Portoviejo), Cosme Parrales, quien había asumido su cargo recientemente. Parrales fue la tercera autoridad víctima de un atentado mortal a manos de presuntos sicarios, después de que esta semana también fueran matados a tiros dos alcaldes de localidades al sur del país donde existe presencia de minería ilegal.

Un total de 772 personas fueron detenidas en Ecuador en los cerca de 7.000 operativos ordinarios electorales realizados por la Policía en el marco del referéndum, convocado por el presidente Noboa para sacar adelante reformas en materia de lucha contra el crimen organizado, justicia, inversiones y empleo.

Según analistas, el presidente Noboa habría recibido respaldo popular y esto podría apuntalarlo para las próximas elecciones en Ecuador. En cambio, el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) aseguró que la consulta popular ha supuesto una “victoria del pueblo y un freno al actual mandatario”.

El referendo funge, de alguna manera, como termómetro de la gestión y popularidad de Noboa, que ha sido alta al principio de su mandato y luego ha bajado relativamente, producto de un recrudecimiento de la criminalidad en el país.

Noba ha buscado implementar una política más férrea contra el crímen organizado -al estilo Bukele- que ha tenido resultados controversiales e inmediatos, y es difícil de mantener.

Al cierre de esta edición, el conteo en boca de urna indicaba lo siguiente en cada una de las 11 preguntas:

• Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado (Sí 80%).

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

• Permitir la extradición (Sí 72%).

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

• Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional (Sí 68%).

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

• Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales (No 57%).

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

• Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas (No 64%).

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

• Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles (Sí 76%).

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

• Aumento de penas para 10 delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato (Sí 75%).

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró “terroristas” a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

• Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo (Sí 74%).
  
• Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas (Sí 72%).
  
• Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías (Sí 72%).
  
• Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado incautados (Sí 68%).