EFE
El arresto en Suiza de un marroquí, acusado de haber matado a una joven estudiante en París, encontrada enterrada en un bosque el pasado fin de semana, agita la política francesa cuando empieza a andar el nuevo gobierno inclinado a la derecha cuyo futuro depende de la voluntad de la extrema derecha.

El sospechoso, detenido en Ginebra a petición de las autoridades francesas, que van a solicitar la extradición a Suiza, se llama Taha, tiene 22 años y llegó a Francia desde España con 17 sin papeles. Pocos meses después cometió una violación, en 2019, cuando era todavía menor, por lo que fue condenado a siete años de cárcel.

Al final de su pena, salió de prisión el pasado 20 de junio, pero como su condena conllevaba la expulsión de Francia, en principio fue trasladado a un centro de retención. Sin embargo, un juez el pasado 3 de septiembre decidió ponerlo en libertad mientras se conseguía la ejecución de esa expulsión.

Estaba sometido a un control judicial, que consistía en fichar en comisaría pero no lo respetó y, después de que las autoridades de Marruecos dieran su visto bueno para expulsarlo allí, pasó a ser incluido en Francia en la lista de personas buscadas. Entre tanto, una estudiante de la Universidad París Dauphine, Philippine, de 19 años, desapareció el pasado día 20 por la tarde a la salida de su centro, que está junto al bosque de Boulogne, donde apareció al día siguiente su cuerpo semienterrado.

Una de las primeras reacciones políticas cuando se conoció el martes la captura del sospechoso fue la de Jordan Bardella, presidente de la Agrupación Nacional (RN), que en su cuenta de X subrayó que “a Phlippine le robó la vida un migrante marroquí pendiente de expulsión”.

“Ese migrante -añadió el dirigente de la extrema derecha- no tenía nada que hacer en nuestro territorio, pero pudo reincidir con total impunidad. Nuestra Justicia es laxista, el Estado no funciona, nuestros dirigentes permiten que los franceses vivan con bombas humanas. Es hora de que el gobierno actúe: nuestros compatriotas están enfadados y no van a contentarse con discursos”.

En una primera reacción del gobierno, el secretario de Estado de Ciudadanía y de Lucha contra las Discriminaciones, Othman Nasrou, que tiene doble nacionalidad de Francia y de Marruecos, dijo ayer que lo ocurrido a Philippine “es absolutamente atroz” y que su asesinato es “un crimen innoble”.

En una entrevista al canal CNews, Nasrou hizo hincapié en que este asunto plantea una serie de cuestiones que habrá que aclarar algunos puntos que “habrá que analizar de cerca” porque el sospechoso, que estaba en un centro de retención, fue liberado para quedar en situación de vigilancia “a pocos días” de la llegada de la autorización de marruecos “que habría permitido su expulsión”.

En la oposición de izquierda, el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, señaló también ayer en BFMTV que “este drama se podría haber evitado” y que tendrá que saberse primero por qué salió de prisión cuando tenía una orden de expulsión y luego por qué, al ser internado en un centro de retención, un juez lo dejó libre bajo control judicial.

Faure señaló que aunque “no hay que generalizar” porque “la Justicia hace su trabajo”, también “a veces hay errores que son fatales”.

La diputada ecologista Sandrine Rousseau, se inquietó por el hecho de que “la extrema derecha va a tratar de aprovechar para extender su odio racista y xenófobo”, después de insistir en X en que “Philippine fue asesinada de forma salvaje. La persona detenida (como sospechosa) es marroquí y bajo orden de expulsión. Este feminicidio merece ser juzgado y castigado con severidad”.