Elías Camhaji - El País de Madrid
Conspiración para traficar cocaína y marihuana, conspiración para lavado de dinero, posesión ilegal de armas de fuego y el asesinato de al menos cuatro narcotraficantes mientras se desempeñaba como uno de los líderes máximos del Cartel de Sinaloa. Esos son solo algunos de los 12 cargos criminales por los que tendrá que responder Ismael El Mayo Zambada (76) en Estados Unidos. La Fiscalía pidió que el caso sea reconocido como “inusual y complejo” y solicitó el miércoles más tiempo a la jueza ante el enorme volumen de evidencias, la naturaleza delicada de los delitos que se fincan y el alto perfil del acusado, según un documento al que ha tenido acceso este diario.

Zambada fue visto en una silla de ruedas en su primera audiencia del pasado viernes, celebrada apenas unas horas después de ser detenido en un aeropuerto rural de Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán. El narcotraficante renunció a su derecho de estar presente en una audiencia preliminar programada para este miércoles, en la que una magistrada de instrucción ordenó que permaneciera detenido sin derecho a fianza.

La defensa de Zambada ha tenido que solventar el inicio del proceso judicial en Estados Unidos y, al mismo tiempo, ha entrado de lleno en el llamado juicio mediático. Frank Pérez, su abogado y representante legal de su hijo, Vicente Zambada Niebla Vicentillo, soltó una bomba mediática el pasado fin de semana al asegurar que su cliente había sido secuestrado y traicionado por Guzmán López para ser entregado a las autoridades estadounidenses, tras ser sometido por alrededor de seis hombres que portaban uniformes militares. También aseguró que su defendido no había llegado a ningún acuerdo con Estados Unidos para negociar su rendición, después de cinco décadas de carrera criminal sin pisar la cárcel.

Jeffrey Lichtman, el abogado del hijo de El Chapo, rompió el silencio y negó los señalamientos el martes. “Cuando los abogados tratan de marcar puntos con los medios con acusaciones como estas, las ignoro, porque no tienen sentido”, dijo Lichtman, que también representó a El Chapo en el llamado juicio del siglo de 2018. Guzmán fue condenado a cadena perpetua después de que Vicentillo y Jesús Rey Zambada, hermano de El Mayo, declararan en su contra, entre otros. El letrado negó también que Guzmán López llegara a un acuerdo para entregarse, un punto que a estas alturas prácticamente se daba por hecho, según la información que compartieron los Gobiernos de Estados Unidos y México tras la detención.

El caso se enredó aún más el miércoles, después de que José Luis González Meza, quien se presentó ante los medios de comunicación como representante legal de la familia Guzmán en México, desmintiera a Pérez y al propio Lichtman, al asegurar que El Mayo y el heredero de El Chapo se entregaron de forma voluntaria, tras negociar durante cuatro años con las autoridades estadounidenses, y afirmar que no hubo ni traición ni secuestro. González Meza señaló en un comunicado que la relación entre las familias que llevan las riendas del Cartel de Sinaloa “ha sido impecable” y negó la posibilidad de que se produzca una guerra intestina en la organización criminal tras la polémica detención.

Horas antes se derrumbó otra de las pocas certezas que había sobre el arresto. El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, aseguró en una conferencia de prensa que el avión en el que viajaron El Mayo y Guzmán López no partió desde Hermosillo, la capital del Estado, como inicialmente había informado la semana pasada el propio Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Durazo, exsecretario federal de Seguridad, dijo que no había una aeronave con las características de la que aterrizó en Nuevo México en los registros del aeropuerto. La Fiscalía General de la República tiene abierta una investigación para averiguar qué fue lo que realmente sucedió en las horas previas a la detención.

Foto: Archivo/El Univesal

En el terreno legal, los cargos que enfrenta El Mayo en Texas son solo una fracción de una inmensa batería de acusaciones en distintas jurisdicciones de Estados Unidos. La causa abierta en el tribunal de El Paso se refiere sólo a delitos federales perpetrados en suelo texano o que afectaron a ese Estado. El expediente en cuestión se abrió en 2012 y abunda sobre la guerra que libró el Cartel de Sinaloa contra el Cartel de Juárez, en la frontera entre ambos países.

Se establece, por ejemplo, que El Mayo y El Chapo estuvieron involucrados junto a sus lugartenientes en la tortura y el asesinato de tres capos rivales, identificados únicamente por sus iniciales: R. M. V., su hermano J. M. V. y su tío G. M. A. El homicidio fue ordenado en mayo de 2010, después de que los tres hombres fueran secuestrados en la boda de R. M. V. en Ciudad Juárez. Sus cuerpos fueron hallados por la policía días más tarde, tras ser abandonados en la parte trasera de una camioneta pick-up.

Se achaca también a ambos jefes criminales el asesinato de S. S., un traficante que perdió un cargamento de 670 libras (poco más de 300 kilos) tras un decomiso en Texas en agosto de 2009. El modus operandi fue similar, siempre según las autoridades estadounidenses: S. S. fue secuestrado por varios hombres, interrogado y finalmente, ejecutado en Juárez. “Los asesinatos recurren a la violencia extrema y a la exhibición pública de la víctima, incluyendo el desmembramiento de las partes de su cuerpo de una manera ritualista o simbólica, así como con la colocación de mensajes con advertencias por escrito, conocidos como ‘narcomantas’ o ‘narcopintas’”, se describe en el escrito de acusación.

Guzmán y Zambada, los hombres detrás del imperio criminal del Cartel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más poderosas del mundo, son señalados como los líderes máximos: quienes dirigían la exportación de drogas ilícitas, a quienes se les reportaban las ganancias, supervisaban el blanqueo del dinero, coordinaban el envío de armas y recursos a sus aliados, y ordenaban la eliminación de sus rivales. La causa involucra a 24 acusados, incluyendo a ambos: once fueron extraditados a Estados Unidos, tres fueron asesinados en México después de que se presentaron los cargos, ocho más se declararon culpables y dos más fueron condenados a cadena perpetua en 2021. Se entiende, a partir de los documentos legales, que El Mayo fue el último en caer.