ENTREVISTA

Tamara Taraciuk, la nueva Directora en funciones de Human Right Watch (HRW) para las Américas habla sobre los derechos humanos en la región. Ocupa el cargo -en forma interina- de José Miguel Vivanco, quien dejó la organización en diciembre pasado, tras casi treinta en ésta. Taraciuk tiene 16 años en HRW, es máster en Derecho egresada de la Universidad de Columbia, y diploma en Derechos Humanos de la Universidad de Chile. En HRW cubrió México y Venezuela, y trabajó sobre varios países como investigadora sénior y subdirectora, hasta su cargo actual. Antes, se desempeñó en la Comisión Internacional de Derechos Humanos (DD.HH.) de la OEA. Vive en Uruguay.

-¿Qué temas de la región le preocupan más a Human Right Watch (HRW)?

-En primer lugar, vemos un grave retroceso en materia de libertades fundamentales y sobre todo el riesgo de ataques en contra de garantías y espacios democráticos fundamentales. Ahí incluyo no solo los casos de las dictaduras más duras, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua, sino también casos de países donde los líderes son electos democráticamente y, una vez que llegan al poder, hacen caso omiso a garantías fundamentales, como la independencia judicial, el periodismo independiente, el trabajo de la sociedad civil.

En segundo lugar, está la pandemia y cómo esta ha sido un generador de problemas de derechos humanos en la región. Y en tercer lugar (aunque todos con igualdad de importancia) está el tema migratorio; hay millones de personas que han huido de sus países y eso genera enormes desafíos para los países de acogida y para los propios migrantes o refugiados. Ahí incluyo los más de seis millones de venezolanos, más de 110 mil nicaragüenses y miles de centroamericanos, de El Salvador, Honduras y Guatemala, que cruzan México para tratar de llegar a los EE.UU.

-En estos días el gobierno cubano enjuiciará a los manifestantes que fueron arrestados en las últimas protestas en ese país, ¿qué reflexión le merece?

-De acuerdo a los últimos acontecimientos en ese país, hemos recibido denuncias de que se han sometido a juicio a más de 200 personas relacionadas con las protestas, en muchos casos por “delitos de sedición”, que criminalizan la acción por “perturbar el orden socialista”. Son juicios que con frecuencia ocurren a puertas cerradas, sin abogados defensores independientes y ante jueces que tampoco son independientes. Las penas que se imponen, que han llegado hasta los 25 años de cárcel, son groseramente desproporcionados.

-Vayamos a Argentina, que últimamente por ejemplo ha impulsado mucho la ley del aborto, ¿qué están viendo allí?

-En Argentina hay problemas de derechos humanos estructurales, que son deudas pendientes, como la violencia policial, el uso excesivo de la prisión preventiva, la violencia contra las mujeres, la impunidad del atentado contra la AMIA.

Como medidas positivas del último año destacaría la movilización social, el activismo y el avance en la legalización del aborto. A fines de 2020 se puso sobre la mesa ese tema y contribuyó al movimiento en esta materia en la región, porque a lo largo de 2021 vimos que cuatro estados en México avanzaron en protecciones para el acceso para los derechos sexuales y reproductivos a nivel estatal, y la Corte Constitucional de Ecuador también lo tomó. Entonces ahí Argentina ha sido pionera.

El otro punto que resaltaría es la inclusión en los documentos de identidad de la identidad de género no binaria, fue el primer país en América Latina que lo ha hecho.

La gran deuda que tiene Argentina es su política exterior en materia de derechos humanos que ha sido errática e inconsistente. Por un lado, adopta una postura en contra de resoluciones sobre Nicaragua en la OEA, mientras que en Ginebra apoya algunas resoluciones sobre los mismos temas.

Por ejemplo, Argentina critica la represión en Colombia, lo bien que hace, pero no cuestiona la represión en Cuba. Esta aparente ideologización o política exterior errática afecta el liderazgo creíble. Este es un tema importante, porque Argentina a partir de este mes preside el Consejo de DD.HH. en Ginebra. Pero hay inconsistencia en lo que Argentina hace en Ginebra y lo que hace en la OEA o en la CELAC.

-¿Cómo ven las investigaciones vinculadas a la dictadura en Argentina?

-Es otra de las deudas pendientes, a pesar de que hubo avances en la Argentina a lo largo de esas cuatro décadas.

Hubo idas y vueltas con las leyes que luego fueron declaradas inconstitucionales, como Punto Final, con los indultos que también fueron declarados inconstitucionales.

-¿Qué piensa HRW del principio de no intervención?

-Es un principio arcaico del derecho internacional y no se aplica a violaciones de DD.HH. Los derechos fundamentales no tienen fronteras. De hecho, esa es la razón por la cual se avanzó en la creación de la “responsabilidad para proteger”, que establece que los Estados tienen la obligación de proteger los derechos de los individuos en otros países, cuando se comenten graves violaciones de DD.HH. Por supuesto no siempre que hay una violación grave en esta materia, hay que invadir, porque suele ser una pésima manera de resolver conflictos, pero los derechos humanos son universales, sin fronteras.

-Esto nos lleva al tema de Nicaragua. El mundo fue testigo de una reelección considerada ilegítima y nadie pudo detener el proceso, en gran parte por el principio de no intervención, ¿lo ve así?

-Sí, en ese caso, muchos gobiernos se escudaron en el principio de no intervención. Pero las elecciones fueron duramente cuestionadas por distintos gobiernos, a punto tal que en el marco de la OEA se abrió una discusión sobre si se aplica o no la Carta Democrática Interamericana. Ese debate, aún en marcha, puede llevar a la suspensión de Nicaragua de la OEA.

-¿Qué piensan de las sanciones internacionales que pueden afectar a la población?

-Hay que distinguir dos tipos de sanciones internacionales. Están las que se impusieron en el caso nicaragüense y en el venezolano, dirigidas a funcionarios públicos en particular, implicados en graves violaciones de derechos humanos o en actos de corrupción. Y aparte, están las sanciones económicas o comerciales. Por ejemplo, HRW se opone al embargo contra Cuba porque permite distraer la atención de lo que realmente ocurre en el país. El embargo ha sido una mala política para mejorar los derechos humanos en Cuba.

La situación en Venezuela, por ejemplo, es muy distinta porque allí hay una emergencia humanitaria desde antes de las sanciones al petróleo de los EE.UU. Además no hay ninguna garantía que un régimen corrupto como el venezolano vaya a usar los dineros vinculados con el petróleo para ayudar al pueblo.

-¿Qué opina de la política exterior de Uruguay en materia de derechos humanos?

-Nuestra evaluación es que Uruguay ha mantenido una política exterior en esta materia muy consistente.

En la OEA, Uruguay ha votado a favor de resoluciones que cuestionaban las elecciones en Venezuela y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. El año pasado, el discurso del presidente en la CELAC claramente habló sobre la democracia. En la región es claro eso y en el ámbito global también.

Uruguay fue miembro del Consejo de DD.HH. Votó a favor de crear un Grupo de Expertos en Afganistán, una Comisión de Expertos de DD.HH. en Etiopía, renovar el mandato de un Grupo de Expertos sobre Yemen, sobre Sudán del Sur. Lo único que diría es que en Ginebra hay resoluciones que se votan en el marco de la Comisión y también hay otro mecanismo que son pronunciamientos conjuntos que hacen los Estados, los que no se someten a votación. Y hubo algunos pronunciamientos conjuntos donde Uruguay no se sumó sobre China, Rusia o Arabia Saudita, que hubiera sido bueno que lo hiciera.

-¿Por qué piensa que Uruguay no se pronunció en esos casos?

-No lo sé. Lo que puedo decir es que, en términos generales, salvo esas excepciones, Uruguay ha sido un gran aliado de los derechos humanos.

-Por último, ¿cómo queda HRW ante la salida de Vivanco?

-HRW va seguir trabajando con la misma convicción y estrategia. Abriremos un concurso, público y abierto, para adjudicar definitivamente esta posición de dirección regional. Seguramente será este o el próximo mes.

“La sociedad civil puede poner freno a los poderes abusivos”

En Brasil, Chile y Haití se revirtieron abusos de poder, dice HRW

Tamara Taraciuk considera que muchas denuncias que realizan las organizaciones de derechos humanos, las instituciones y la sociedad civil son capaces de frenar o revertir abusos de poder.

Afirma que no solo se trata de denunciar, sino de ir más allá para generar cambios. Según sus palabras: «En medio de un panorama sombrío, la buena noticia sobre América Latina es que existe, incluso en los países más represivos, una respuesta de la sociedad civil y del periodismo independiente y, en las democracias, una respuesta de ciertas instituciones que le han puesto un freno al poder ejecutivo. Por ejemplo en Brasil, el presidente Bolsonaro ha ignorado abiertamente las recomendaciones de la OMS en materia de prevención de la transmisión del coronavirus, pero hubo dos gobernadores que impusieron medidas de distanciamiento social. El gobierno de Bolsonaro cuestionó judicialmente estas medidas, pero los jueces del Tribunal Supremo mantuvieron las medidas acordadas por gobernadores. Ese es un ejemplo donde, incluso en un país donde el gobierno está abiertamente cuestionando el rol de los jueces -también específicamente del Tribunal Supremo-, hay instituciones que responden a esos embates».

La directora interina de HRW menciona otros casos en los cuales la denuncia cambia o empieza a movilizar reformas institucionales. «En Chile, la gente salió a protestar masivamente en 2019. De ese movimiento que salió a las calles y que fue brutalmente reprimido por los carabineros, surgieron dos medidas importantes: la Convención Constituyente (se podría llegar a una Constitución de vanguardia, radicalmente distinta a la Constitución de Pinochet), y el otro punto es que la represión dejó en evidencia que es indispensable reformar estructuralmente la policía chilena. Esa reforma, si bien está muy lejos de haber terminado, se inició a fines de 2019 y está en curso», afirmó.

A mediados de este mes, HRW declaró que apoya el boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, al considerar que «el gobierno chino utiliza el evento para blanquear su historial de violación de derechos humanos».

Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá ya anunciaron que no enviarían a sus representantes políticos a la inauguración del 4 de febrero. Taraciuk afirma que es difícil predecir la influencia que la posición de HRW tendrá en las decisiones de otros países, pero que sí en el pasado han influido en otros eventos mundiales. «Hay casos en los que hemos sido exitosos en la región. Por ejemplo, trabajamos fuertemente en Haití, donde hubo graves denuncias de violencia sexual dentro de la Federación Haitiana de Fútbol Femenino. Hicimos una campaña -similar a la de ahora con estos Juegos Olímpicos de Invierno-, para avanzar en la protección de las chicas y en la investigación del presidente de la federación, que estaba implicado en estos casos. Gracias al trabajo de HRW, terminaron sacando al presidente de la federación, la FIFA lo sancionó. Nos orientamos a promover cambios», afirmó.