El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua sigue clausurando instituciones que no le son funcionales. Ayer martes ordenó el cierre de otras dos universidades privadas, con lo que suman 19 desde diciembre de 2021, incluidas siete de origen extranjero, y decomisó sus bienes muebles e inmuebles.

Los nuevos centros de estudios cancelados son la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN).

La Universidad Juan Pablo II, inscrita desde el 26 de agosto de 2004, tiene su sede en Managua y sucursales en Chontales, Matagalpa y Granada. En tanto, la UCAN, inscrita desde el 17 de junio de 2002, tiene su sede en León y cinco sucursales.

El Ministerio de Gobernación (Interior) ordenó a las autoridades de las dos universidades canceladas entregar la información de estudiantes, docentes, carreras, planes de estudio, bases de datos de matrícula y calificaciones o registro académico.

La Parlamento, de mayoría sandinista y a petición del régimen, ha ilegalizado 14 centros de estudios superiores desde diciembre de 2021.

El rector de una de las universidades canceladas, Adrián Meza, ha denunciado desde el exilio que el Ministerio de Gobernación se ha negado a recibir los estados financieros de los centros de estudios superiores.

En febrero del año pasado, el Parlamento creó tres nuevos centros de educación superior con los documentos e infraestructura ocupadas a seis universidades privadas ilegalizadas, entre ellas la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), que fue un bastión de las protestas antigubernamentales entre abril y junio de 2018.

La dictadura de Ortega también canceló esta semana la personería jurídica a 18 asociaciones gremiales de empresarios, entre ellas al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que aglutina a otras cámaras patronales.

Según la resolución, el Cosep y las restantes asociaciones “no completaron el proceso de convalidación de registro, presentando inconsistencias en la información” de estados financieros, sin detalle de ingresos y gastos o sin soporte para los mismos.

Entre los gremios cancelados se encuentran las asociaciones de exportadores de café, de productores agropecuarios, de la industria textil y confección, así como las cámaras de urbanizadores, de la construcción, de pesca, de microfinanzas, de comercio y servicios, de industrias y de turismo.

La medida fue rechazada por empresarios de la región. “Consideramos que esta lamentable decisión pone en peligro la institucionalidad gremial, la libertad de asociación y representatividad en el hermano país de Nicaragua”, señaló la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.

La Federación indicó que la resolución “interfiere” con “la libertad empresarial, la libertad de expresión” y “todas las demás libertades civiles” que “son la base de la democracia”, por lo que hizo un “enérgico llamado” al gobierno para que “reconsidere” la medida.

El Cosep acompañó la gestión de Ortega desde que volvió al poder en 2007, pero ambas partes se distanciaron a partir de la crisis política de 2018, marcada por protestas callejeras contra el gobierno y choques entre manifestantes opositores y oficialistas.

Tras las protestas de 2018, el presidente del Cosep, Adán Aguerri, fue detenido en 2021 en el marco de una ola represiva que llevó a la cárcel a más de 200 opositores y significó el cierre de más de 2.000 organismos no gubernamentales.

El 9 de febrero, el régimen excarceló a 222 opositores, entre ellos Aguerri, y los expulsó hacia Estados Unidos, al tiempo que les despojó de su nacionalidad y confiscó sus bienes.

Aguerri, de 62 años, había sido condenado a 13 años de cárcel en agosto de 2022 por delitos de traición a la patria. Suerte similar corrieron otros directivos de cámaras empresariales afiliadas al Cosep.

La justicia nicaragüense también despojó de su nacionalidad a 94 opositores exiliados el 15 de febrero, entre ellos los escritores Gioconda Belli y Sergio Ramírez, en un hecho que generó duras críticas internacionales.

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco condenó ayer martes la disolución del Cosep. “Este despojo se suma a lo que la dictadura ha hecho con más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

El 3 de febrero el régimen había despojado de la personería jurídica a la Asociación de Bancos Privados y a otras 16 entidades, entre ellas la Asociación de Comerciantes del Mercado Central y la Asociación Centroamericana de Criadores de Caballos de Raza Iberoamericana.

Con información de EFE Y AFP