EFE, AFP/ San José
El colectivo Nicaragua Nunca Más denunció ayer sábado una “escalada represiva” contra sacerdotes en Nicaragua, donde en las últimas 48 horas al menos una docena de estos religiosos fueron detenidos arbitrariamente, “algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada”.
“Desde diciembre de 2023, cuando fueron detenidos 12 sacerdotes, esta es la mayor arremetida contra la iglesia católica nicaragüense”, dijo el colectivo Nicaragua Nunca Más en un comunicado fechado en San José de Costa Rica. La organización señaló que la nueva arremetida del Gobierno del presidente Daniel Ortega y la vicepresidente y primera dama Rosario Murillo está focalizada principalmente en la Diócesis de Matagalpa, al norte del país, cuyos encargados, monseñor Ulises Vega y el padre Edgard Sacasa, están entre los capturados.
A ellos se suman el padre Marlon Velásquez, el presbítero Francisco Tercero; los sacerdotes Jairo Pravia, Víctor Godoy, Antonio López y Salvador López; el padre de origen mexicano Raúl Francisco Villegas; el diácono Ervin Aguirre; y los frailes Silvio José Romero y Ramón Morras. Esta docena de religiosos fueron “todos detenidos entre el 1 y el 2 de agosto de este año” y pertenecen a parroquias de la Diócesis de Matagalpa, de acuerdo con el comunicado del colectivo.
Nicaragua Nunca Más recordó que “desde 2018 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado la personalidad jurídica de al menos 419 organizaciones de la sociedad civil católicas y protestantes, siendo religiosos, religiosas católicas, trabajadores de organizaciones y medios católicas y feligresía los principales blancos de la violencia estatal”.
Estos “abusos y violaciones sistematizadas se han documentado en diferentes informes emitidos por instancias internacionales”, dijo el colectivo, que expresó su “preocupación por esta escalada represiva contra la iglesia”. “Exigimos la inmediata liberación de los sacerdotes detenidos, así como de las más de 140 personas presas políticas, entre ellas 25 mujeres. Insistimos a la comunidad internacional en su deber de protección e instamos a su acción frente a las graves violaciones de derechos humanos cometidas de manera sistemática por el régimen Ortega Murillo”, añadió el colectivo.
Ruta marítima
El gobierno de Nicaragua inauguró el pasado jueves una ruta comercial directa con China para ampliar el intercambio económico entre ambos países, informó un medio oficialista de Nicaragua.
El anuncio fue realizado en el puerto de Corinto, en el Pacífico, a unos 150 km al noroeste de Managua, donde arribó el pasado miércoles el mercante Sunny Fortune, de bandera panameña, el primero de tres buques mensuales previstos en un acuerdo de intercambio comercial con China.
El asesor presidencial a cargo de las relaciones entre Nicaragua y China, Laureano Ortega, hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezó el acto junto a funcionarios chinos y nicaragüenses y afirmó que “es un hecho trascendental” para el país centroamericano. “Éste es un gran logro para nuestro país que seguiremos trabajando para que esto sea solo el inicio de mucho, más de más frecuencia, de más operaciones”, comentó Laureano Ortega, citado en el portal El19digital.
Agregó que, además de abrir la ruta, el Sunny Fortune transportó maquinaría para la construcción del aeropuerto internacional de Punta Huete, al norte de Managua, que el gobierno de Nicaragua concesionó a la empresa china CAMC.
En diciembre de 2023, China y Nicaragua acordaron elevar sus relaciones al nivel de “asociación estratégica”, después de una llamada entre Ortega y el presidente chino, Xi Jinping. Nicaragua y China pusieron en marcha en enero un Tratado de Libre Comercio.
En 2021, Managua estableció relaciones con China después de romper con Taiwán, considerada por Pekín como un territorio propio cuyo control debe retomar, incluso por la fuerza de ser necesario.
EE.UU. suspende los “Parole”
EEUU suspendió temporalmente la adjudicación de nuevos permisos humanitarios para los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocidos como “parole”.
El Departamento de Seguridad Nacional informó sobre la decisión de pausar el programa, que concede la entrada de hasta 30.000 personas de estos cuatro países a EE.UU. cada mes y les da un permiso de trabajo por un periodo de dos años.
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