Un representante de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU) cargó este jueves contra Uruguay al expresar su “grave preocupación” por los derechos humanos en el país y pidió que se tomen “medidas urgentes antes de las amenazas a los periodistas”, atender el “deterioro” en las cárceles, poner fin a la violencia de género y al “racismo”, entre otras recomendaciones.

Las declaraciones se dieron durante el Cuarto Ciclo de revisión del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de la ONU, celebrado en Ginebra, donde Uruguay estuvo presente con una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores Omar Paganini. La finalidad de estos ciclos es examinar los avances y desafíos en la materia en cada estado miembro de la ONU.

En esta instancia, las delegaciones resaltaron el “compromiso de Uruguay con los derechos humanos” y los avances en la lucha contra “diversas formas de discriminación”, así como “la protección de los derechos de grupos vulnerables y las personas migrantes, la lucha contra la violencia basada en género y los avances en materia ambiental”. Paganini reafirmó, en su intervención inicial, el “histórico compromiso” de Uruguay con el sistema multilateral de protección de los derechos humanos.

Pero Venezuela, uno de los 97 países que participaron en esta revisión, expresó su “grave preocupación por la situación de los derechos humanos en Uruguay”: “Le recomendamos tomar medidas urgentes antes de las amenazas a los periodistas y las limitaciones de derechos y libertad de expresión, atender efectivamente el deterioro de las condiciones de reclusión y sus consecuencias negativas en la vida y salud de las personas privadas de libertad”, dijo el representante en su intervención.

Entre otras “recomendaciones”, mencionó “poner fin a la persistente impunidad por las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura”, además de “revisar su legislación para atender la creciente incidencia del discurso y los delitos de odio de carácter racista, así como la diseminación de estereotipos negativos”. Por último, instó a Uruguay “tomar medidas urgentes para atender la discriminación de las mujeres” en la educación, el mercado laboral y la violencia basada en género, enumeró la delegación.

Venezuela fue evaluada por última vez en este examen hace dos años. En ese EPU, llevado a cabo en febrero de 2022, 116 países expresaron su preocupación sobre la situación de los derechos humanos y dieron un total de 328 recomendaciones.

Entre ellas, garantizar la independencia del sistema de justicia, liberar a los presos políticos, ratificar protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas, luchar contra la trata de migrantes, garantizar el cese a los actos de criminalización, persecución y encarcelamiento de opositores, disidentes, periodistas defensores de derechos humanos y manifestantes.

El régimen chavista negó a aceptar 59 de las más de 300 sugerencias; dos de ellas vinculadas con la autonomía y los derechos universitarios, según la ONG venezolana Aula Abierta. Justamente en materia de educación, por primera vez en un EPU, hubo un país que expresó con elocuencia su preocupación. Fue Uruguay, al señalar la importancia de garantizar la independencia del sistema educativo y el Ejecutivo Nacional, según recoge el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes.

El Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en Venezuela emitió el pasado martes su último informe. En él señalan que, desde diciembre de 2023, se ha registrado un "alarmante aumento" en las desapariciones forzadas, en muchos casos sufridas por miembros del principal partido de la oposición y militares. Este órgano de la ONU, que investiga este tipo de abusos, subrayó que esto podría perjudicar el libre voto en las elecciones de julio.

Las cinco expertas que lo componen denunciaron que en muchos casos se trata de detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación. "Parecen seguir un patrón según el cual (las víctimas) son privadas de libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y ahí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia letrada", afirmaron.

"Privar a una persona de su libertad, seguido de la negativa a reconocer su detención, u ocultar su suerte o paradero, la sitúa fuera de la protección de la ley. Esto constituye una desaparición forzada, independientemente de la duración de dicha privación de libertad u ocultación", afirmó el grupo de trabajo.