Desde que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, trasladó los primeros prisioneros a la cárcel “más grande de América”, con capacidad para 40.000 personas, las organizaciones de derechos humanos no han dejado de criticar su estrategia de lucha para acabar con la violencia en el país.

Las imágenes de la megacárcel, a la que ya las autoridades locales llevaron a los primeros 2.000 pandilleros en la madrugada del viernes, han recorrido el mundo por impactantes durante el fin de semana.

“Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot)”, informó el viernes el presidente en su cuenta de Twitter, haciendo referencia a ese centro.

En las imágenes y videos que el propio mandatario compartió en Twitter para hacer el anuncio, se observa a muchos pandilleros con sus torsos desnudos, rapados, vistiendo apenas un pantalón corto blanco y descalzos, custodiados por policías y alineados en un gran patio de otra prisión del occidente del país. Luego, con sus manos esposadas en la espalda, son subidos a un ómnibus y trasladados bajo fuertes medidas de seguridad que incluyeron sobrevuelo de helicópteros militares sobre el Cecot, lugar al que llegaron al amanecer.

Bukele agregó: “Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población”.

Cientos de policías, agentes de seguridad de la Dirección de Centros Penales y soldados participaron en el operativo de traslado.

Las organizaciones de derechos humanos argumentan que personas inocentes fueron encarceladas, pero el impulso antipandillas de Bukele sigue siendo popular entre los salvadoreños.

Amnistía Internacional denunció que en el marco del régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas cometieron “violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos, y al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.

Amnistía Internacional encontró además que -dice textualmente- “miles de personas están siendo detenidas sin que se cumplan requisitos legales -la existencia de una orden de aprehensión administrativa o judicial o en una situación de flagrancia- sino únicamente por ser percibidos por las autoridades como personas señaladas como criminales en los discursos de estigmatización del gobierno del presidente Bukele, ya sea por tener tatuajes, por haber sido acusadas por un tercero de tener supuestos vínculos con una pandilla, por tener un familiar perteneciente a una pandilla, por tener antecedentes penales previos de cualquier tipo, o simplemente por vivir en una zona controlada por una pandilla, que son precisamente zonas con altos niveles de marginación y abandono estatal histórico”.

La organización documentó además numerosos casos de tortura y malos tratos en el interior de los centros de detención.

Bukele inauguró el CECOT a finales de enero y el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dijo “sería imposible que salga un reo” del recinto, que tiene 23 hectáreas de construcción.

La construcción de esta prisión se dio entre críticas de la oposición que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

Ya a inicios de febrero, Amnistía Internacional había expresado su preocupación por esta nueva cárcel, dado que “la construcción podría suponer la continuidad y el escalamiento de abusos”.

Con información de EFE y La Nación/ GDA