El nuevo gobierno escorado a la derecha del presidente francés, Emmanuel Macron, empezó a dar sus primeros pasos ayer lunes bajo la amenaza de una moción de censura de la izquierda y la voluntad de “influir” de la extrema derecha. Durante una primera reunión en la mañana, el primer ministro, Michel Barnier, urgió a su gobierno a ser “irreprochables y modestos” y a “respetar” a “todos los partidos”, en plena crisis política.

Francia entró en una nueva fase de esta crisis, que Macron provocó al adelantar por sorpresa en junio los comicios legislativos de 2027, cuyo resultado fue una dividida Asamblea Nacional, sin mayorías claras.

Para solventarla, el presidente, que no puede disolver de nuevo la Asamblea hasta julio, nombró dos meses después al conservador Barnier como primer ministro con el encargo de formar un gobierno de “unidad”. Pero el veterano político de 73 años sólo pudo atraer a la alianza de centroderecha de Macron, en el poder desde 2017, y a su propio partido conservador, el hasta ahora opositor Los Republicanos (LR).

La coalición de izquierdas Nuevo Frente Popular (NFP), que pedía gobernar como primera fuerza en los comicios, ya anunció que presentará una moción de censura contra el nuevo gobierno, que queda a merced de la extrema derecha.

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La supervivencia del gobierno de Barnier depende del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que, asumiendo su papel de árbitro, confirmó ayer que buscará “influir” en el nuevo ejecutivo.

“Vamos a presionarlos para obtener resultados en los temas de seguridad, inmigración, poder adquisitivo. Y si no van en esa dirección, asumiremos nuestras responsabilidades”, advirtió su diputado Sébastien Chenu, en la radio RMC.

A nivel político, el perfil del nuevo ministro del Interior, el conservador Bruno Retailleau, cumple este reclamo de línea dura en materia migratoria y de seguridad, que se extiende por varios países de Europa.

“Tengo tres prioridades: restablecer el orden, restablecer el orden, restablecer el orden”, aseguró Retailleau, cuyo nombramiento causó malestar incluso en la alianza de Macron por sus posiciones próximas a la extrema derecha.

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Aunque estos son reclamos tradicionales de ese sector, el partido de Le Pen indicó que esperará a la presentación a inicios de octubre del proyecto de presupuestos para 2025 para decidir si censura el gobierno. Esta será la prueba de fuego para Barnier, que prometió “controlar las finanzas públicas” de Francia, cuyo déficit y deuda públicos superan los límites de las normas europeas, y mejorar, a su vez, los servicios públicos.

Aunque descartó un aumento generalizado de impuestos, el primer ministro abrió la puerta el domingo a pedir un “mayor esfuerzo” a los contribuyentes más ricos y a las empresas con más beneficios.