Los recientes episodios entre el juez —ministro, como se le llama en Brasil— del Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil y el propietario de X se transformaron en una lucha de poder. Por un lado, en la decisión más radical que ha tomado hasta el momento, Alexandre de Moraes suspendió la red social en todo el territorio brasileño. Por otro, Elon Musk dejó de operar en Brasil y se vale de su cuenta para insultar y desafiar, a su particular modo, al ministro de la Corte. Entre el multimillonario y el poderoso juez hay unos 20 millones de usuarios en Brasil que se ven impedidos de utilizar la aplicación desde el 30 de agosto, cuando De Moraes bajó X tras el incumplimiento de Musk a una intimación de asignar a un representante legal en el país.

Como parte de la orden de bloqueo, el ministro dijo que los usuarios de internet que intentaran eludir su medida para seguir usando X podrían recibir una multa de casi 9.000 dólares al día, o más de lo que gana un brasileño promedio al año.

Este es sólo un capítulo más en una historia que tiene algo más de dos años. De Moraes —quien además preside el Tribunal Superior Electoral (TSE)— tiene dos frentes abiertos que se cruzan entre sí: por un lado, es la punta de lanza del combate a la desinformación; por otro, lidera las investigaciones por el asalto a los tres poderes el 8 de enero de 2023 en Brasilia.

Pero incluso antes, previo a las elecciones de 2022, el ministro del TSF se concentró en la desinformación en internet, en particular, con la mira en los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro. De Moraes, cuya tesis para el puesto de profesor en Derecho Electoral de la Universidad de São Paulo tituló "El nuevo populismo digital extremista", comenzó a tener entonces un papel más protagónico en la política brasileña. Sin embargo, la política nunca le había sido ajena; precisamente, no la de derecha.

Hay quienes en 2022 —y puede que ahora— hayan visto un juez inclinado a la izquierda, alineado a los intereses del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, De Moraes tiene un prontuario de lo más variado en materia política partidaria. Su exposición aumentó cuando llegó al STF en 2017, nominado por el expresidente conservador Michel Temer, de quien había sido ministro de Justicia. No obstante, su vinculación con la política fue más temprana aún.

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El magistrado accedió a la gestión pública de la mano de Geraldo Alckmin, actual vicepresidente de Brasil y exgobernador de São Paulo durante tres mandatos. Alckmin, miembro histórico del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo nombró secretario de Justicia del estado paulista, un cargo con función y rango ministerial.

En 2015, De Moraes decidió irse del Partido del Movimiento Democrático (PMDB) y se afilió al PSDB, fundado por el exmandatario Fernando Henrique Cardoso en 1988. Ese año, los socialdemócratas se aliaron al PMDB para intentar desplazar al PT, en el poder desde el 2003.

Como resultado de esa alianza, cuando Temer llegó el Palacio del Planalto tras el impeachment a Dilma Rousseff, lo nombró ministro. Para muchos, lo de Temer fue una jugada política. El argumento principal era que la designación de De Moraes respondía al deseo de impedir futuras investigaciones contra miembros del gobierno de Temer. La decisión fue denunciada por la izquierda, argumentando que De Moraes estaba alineado con partidos de centroderecha.

Pero su vertiginoso ascenso como némesis de los conservadores no era el destino más esperado para este abogado constitucionalista y profesor de Derecho de la USP; magistrado muy técnico y académico bien valorado por sus pares. "Aunque su carrera meteórica tiene un lado jurista, lo que lo puso en el STF, y el 99% de su carrera, es la política. Es un animal político", dice a la AFP el experto constitucional Antonio Carlos de Freitas. Y "navega bien por varios ambientes, incluyendo las fuerzas armadas", asegura a la AFP una funcionaria del TSE.

En 2019, el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, emitió una orden que autorizaba al tribunal a abrir sus propias investigaciones en lugar de esperar a las autoridades. Para el tribunal fue una expansión drástica de su autoridad, y fue justamente De Moraes quien dirigió la primera investigación: una sobre “noticias falsas”.

“Ha habido una proliferación no sólo de noticias falsas, sino de la agresividad de estas noticias, de este discurso de odio, que todos sabemos que no conduce más que a una erosión de la democracia”, afirmó entonces. “Es precisamente por eso que necesitamos una vía más rápida”, dijo De Moraes.

La primera de las decenas de polémicas medidas que vendrían después, y que terminarían por suspender X en Brasil, fue la orden a la revista Crusoé y el portal O Antagonista de que eliminaran artículos que vinculaban al presidente de la Corte Suprema con una investigación por corrupción. La decisión fue calificada como acto de censura e inconstitucional por la Fiscalía y finalmente De Moraes se retractó.

El juez centró luego su atención en la desinformación en línea, principalmente en las cuentas de los partidarios de Bolsonaro. Eso le dio un papel descomunal en la política brasileña que se acentuó aún más en el año electoral cuando, por casualidad, su rotación como jefe electoral de Brasil coincidió con la votación.

En ese puesto, De Moraes fue considerado el principal guardián de la democracia brasileña. Antes del día de los comicios, llegó a un acuerdo con los militares para realizar pruebas adicionales en las máquinas de votación. La noche de las elecciones, hizo que los líderes del gobierno anunciaran al ganador de manera conjunta, una muestra de unidad contra cualquier intento de aferrarse al poder. Así lo vieron entonces.

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Después de que miles de manifestantes irrumpieran en los salones de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023, De Moraes tomó medidas drásticas y en tiempo récord para los tiempos tradicionales de la justicia brasileña. En primer lugar, ordenó detener in fraganti a los delincuentes dentro de los edificios y también a los bolsonaristas que acampaban fuera de la sede de los Tres Poderes. 1.500 personas fueron detenidas. Casi mil sospechosos tuvieron prisión preventiva.

“Que no crean esos terroristas que el domingo se amotinaron y que ahora están encarcelados que la prisión es un campamento de verano. Y que no crean que las instituciones van a flaquear”, declaró a la prensa De Moraes: “Los que perpetraron los actos, los planificaron, los financiaron y los alentaron por acción u omisión”.

Valiéndose de una interpretación amplia de los poderes del tribunal, De Moraes ha presionado para que se investigue y enjuicie, así como para silenciar en las redes sociales, a cualquiera que considere una amenaza para las instituciones brasileñas.

Por otro lado, frente a los ataques de Bolsonaro y la asonada de sus partidarios a la sede de los Tres Poderes, De Moraes abrió el camino para la transferencia de poder. Para muchos en la izquierda brasileña, eso lo convirtió en el hombre que salvó la democracia brasileña.

Visto desde un lado o desde el otro, y a la luz de la reciente suspensión de X, la autoridad de Alexandre de Moraes parece ir en ascenso.

Políticos y juristas se cuestionan qué tan saludable es que un juez del TSF concentre tanto poder. ¿Hasta dónde es demasiado lejos? ¿En qué punto se cruzan la preservación de la democracia con la censura pura y dura? ¿Qué costo tiene la libertad de expresión que reclama Musk? La contienda del ministro contra el magnate abrió incógnitas que sólo llevan a un espiral de preguntas.

“Lo que es realmente inquietante es que cada vez más los gobiernos no democráticos pueden señalar a los democráticos para justificar sus acciones”, dijo al New York Times Jameel Jaffer, director ejecutivo del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia.

Carlos Affonso Souza, profesor de derecho de internet en Brasil, calificó la orden como “la decisión judicial más extrema de un tribunal brasileño en 30 años de derecho de internet”. Sin embargo, agregó al mismo medio que Brasil tenía que tomar alguna medida después de que Musk desobedeciera de manera tan pública y explícita múltiples órdenes judiciales. “No le corresponde a la empresa decidir si una decisión judiciales adecuada o no”, dijo Souza. “La empresa debe presentar una denuncia en una demanda, no simplemente decidir no cumplir”. (Musk había dicho que era De Moraes quien violaba la ley brasileña, no él).

Cabe recordar que De Moraes no se limitó a la suspensión de X ni a la multa a quien intente ingresar. También ordenó a Google y a Apple y a empresas proveedoras de internet “introducir obstáculos tecnológicos capaces de impedir la utilización de la aplicación X” y el ingreso a su sitio web.

Poco dado a entrevistas o a escribir en su cuenta de X, "@Alexandre", con un millón de seguidores, recurre a menudo al púlpito de la corte para posicionarse. "La libertad de expresión no es libertad de agresión, para la proliferación del odio, el racismo, la misoginia y la homofobia. La libertad de expresión no es libertad de defensa de la tiranía", dijo.

En la cima del poder judicial puede quedarse al menos por ley hasta los 75 años (tiene 55), pero el magistrado, casado y con tres hijos, "aún tiene pretensiones políticas", dice a la AFP una fuente allegada. Por ejemplo, asegura, "ser presidente" de Brasil, si bien Moraes no lo ha mencionado públicamente.

(Con información de The New York Times y AFP)