AFP
El presidente Gustavo Petro enfrenta la peor crisis de violencia en su mandato. Un centenar de muertos y cerca de 32.000 personas desplazadas desnudan las grietas de su proyecto de “paz total”.
Petro pretende desactivar por medio del diálogo con varios grupos -tanto guerrilleros como bandas criminales y del narcotráfico- la guerra interna de seis décadas. Se trata de una ambiciosa política que bautizó como “paz total” y que fue aprobada como ley al inicio de su gobierno en 2022. Pero su plan parece desmoronarse.
El presidente declaró el lunes el “estado de conmoción interior” por la escalada de violencia en varios puntos del país, el más grave en Catatumbo, fronteriza con Venezuela.
“La situación del Catatumbo enseña. Uno aprende también de los fracasos y allí hay un fracaso. Un fracaso de la nación”, dijo el presidente que ya el viernes había suspendido el diálogo con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Allí, guerrilleros del ELN se enfrentan a disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y atacan a la población civil en acciones que han provocado, solo en esa región, unos 80 muertos.
“Esta es la mayor crisis” que ha atravesado la política de paz total de Petro”, sostiene Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES).
Petro empezó a dialogar con el ELN a finales de 2022. Y aunque “el proceso no ha tenido muchos avances, hoy en día parece que está agotado”, asegura Yann Basset, profesor de ciencia política en la Universidad del Rosario.
“Negociar con todos los grupos a la vez (...) es algo que le quedó grande”, sostiene.
La situación en el Catatumbo “tiene rasgos de comparación con épocas muy duras y crueles que se vivieron en Colombia”, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), caracterizado por algunos de los “momentos más álgidos” en la confrontación entre el Estado y las guerrillas, asegura a la AFP Gerson Arias, investigador de la ONG Ideas para la Paz.
Tras el acuerdo de paz firmado entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016, los rebeldes dejaron un espacio de poder vacío en la Colombia rural que “tendría que llenarse con institucionalidad legal y estatal”, áreas en las que tanto el gobierno de Petro como el de su antecesor Iván Duque avanzaron “muy lento”, asegura Bonilla.
La ausencia estatal tras la salida de las FARC, dice la investigadora, aunado al “crecimiento del ELN” y otros grupos armados, generó “un cóctel que el gobierno (de Petro) no analizó suficientemente bien” al momento de activar los diálogos con esa guerrilla.
Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y cada año rompe récords de narcocultivos, según la ONU. “La coca ha sido el gran alimento del conflicto colombiano”, asegura Bonilla. Con “mucho más dinero fluyendo para mantener esa guerra” gracias al narcotráfico, al Estado colombiano se le ha vuelto difícil “competirle a una economía ilegal tan próspera”.
El ‘boom’ de la coca y otras actividades, como la minería ilegal y la extorsión, han permitido que tanto el ELN como otros grupos se fortalezcan, dice Bonilla.
La guerrilla cerró “de un portazo” la posibilidad de su desmovilización, dice Bonilla, quien considera “muy difícil” que el próximo gobierno pueda lograrlo.
A este panorama se suman las dificultades en la relación con Venezuela, país garante de las conversaciones con el ELN. Petro no ha reconocido la reelección de Nicolás Maduro, pero se ha negado a romper relaciones con ese país.
“Si en 2026 sube un gobierno de derecha (al poder en Colombia), o incluso de centro, las relaciones con Venezuela van a estar mucho más complicadas”, asegura Basset, señalando que el ELN tiene presencia en ambos lados de la frontera. En ese contexto, “cualquier proceso de negociación se va a volver muy difícil”.
Reactivan ordenes de captura
La fiscalía de Colombia anunció ayer miércoles la reactivación de las órdenes de captura contra la cúpula de la guerrilla del ELN luego de un ataque sin precedentes recientes en la frontera con Venezuela, que deja más de 80 muertos y unos 32.000 desplazados. “La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, revocó los beneficios de suspensión de las órdenes de captura que tenían, desde los años 2022 y 2023, 31 representantes de ese grupo alzado en armas”, entre ellos los máximos cabecillas rebeldes Pablo Beltrán, Gabino y Antonio García, según un comunicado. También figuran miembros del equipo negociador del ELN en los diálogos de paz con el gobierno que iniciaron en 2022, pero que están suspendidos desde el viernes por decisión del presidente, Gustavo Petro.
Sus órdenes de detención entraron en vigencia ayer miércoles. Camargo justificó su decisión basada en “la comisión de nuevos delitos por parte de miembros del ELN”, tras la escalada de violencia que desde la semana pasada sufre la región limítrofe del Catatumbo.
La fiscalía considera que la arremetida guerrillera supone un “incumplimiento de las condiciones para la suspensión” de las órdenes judiciales contra la cúpula guerrillera, una solicitud que había hecho el gobierno como un gesto de buena voluntad.
En agosto de 2022, pocos días después de asumir el poder, el presidente Petro pidió al ente acusador suspender las órdenes de captura contra 18 líderes del ELN.
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