CORONAVIRUS

EFE

El Gobierno español aprobó el sábado y por segunda vez en democracia el estado de alarma, atribuyéndose poderes excepcionales de manera temporal para combatir la propagación del coronavirus, entre ellos la limitación de la movilidad de la población y la posibilidad de intervenir empresas para afrontar la crisis sanitaria.

La principal medida es la restricción de la circulación de personas, con excepciones para acudir a comercios, trabajos, centros sanitarios o bancos, así como el retorno de desplazados, anunció el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, al término de una larga reunión del Consejo de Ministros.

También se cierran los comercios salvo los esenciales (como tiendas de alimentación o farmacias), igual que los centros educativos, los espectáculos deportivos y culturales y los locales de ocio. Todas estas medidas están en vigor desde hoy y durante dos semanas.

El objetivo, igual que en Italia, es que la menor interacción social frene el elevado ritmo de contagio del virus.

El espacio aéreo se mantendrá abierto, pero el transporte de pasajeros por avión, ferrocarril y autobús se recortará progresivamente a la mitad.
"Las medidas son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias", reconoció Sánchez.

Todas las fuerzas policiales de regiones y locales estarán bajo el mando del Ministerio del Interior, y las Fuerzas Armadas están listas para ser utilizadas si fuera necesario.

Además, el Ministerio de Sanidad tendrá el control de todos los recursos sanitarios del país, se suspenden los grandes acontecimientos festivos y se establece la posibilidad de requisas temporales y de ocupación de fábricas y centros productivos.

El Gobierno de España será "la autoridad competente" en todo el territorio nacional para afrontar la crisis del coronavirus, recalcó Sánchez. Los jefes de los ejecutivos regionales del País Vasco y Cataluña, ya se han quejado de que varias de estas medidas invaden las competencias de sus regiones autónomas.

También se establecen medidas para garantizar el abastecimiento de alimentos y productos esenciales, el suministro de electricidad y energía, así como el transporte de mercancías, especialmente las más necesarias para el suministro de la población.

"Entramos en una nueva fase" en la lucha contra el Covid-19 y "no nos va a temblar la mano", recalcó el jefe del Gobierno español, quien también reconoció que el impacto económico de la pandemia "va a ser grande".
Sánchez avanzó que en la reunión del Gobierno del próximo martes se aprobarán nuevas medidas para apoyar a empresas y trabajadores, a fin de "amortiguar" en lo posible el choque económico en el tejido productivo.
Por ejemplo, estas medidas suponen el cierre de los aproximadamente 315.000 bares y restaurantes de España, aunque algunos podrán mantener parte de sus operaciones para servir pedidos a domicilio.

Además, la crisis del coronavirus puede costar entre 320.000 y 375.000 empleos al sector turístico, uno de los ejes de la economía española con algo más del 14 % de todo el PIB nacional, según un cálculo divulgado hoy por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC)

Este estado de alarma, aprobado durante dos semanas que podrían prolongarse por otras dos con el visto bueno del Congreso de los Diputados, llega después del fuerte incremento de casos de coronavirus de la última semana.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Sanidad, en la mañana del sábado, España ha registrado 5.753 positivos (con un aumento diario de alrededor del 30 % en los últimos días) y 136 fallecidos por este virus.
El jefe del Gobierno urgió a los ciudadanos a colaborar y que se queden en sus viviendas, después de que en los últimos días se hayan registrado varias polémicas con movimientos de gente a zonas turísticas. Aguardan "semanas muy difíciles" de "esfuerzos y sacrificios", insistió.

Además, Sánchez consideró "poco razonable" que se celebren las previstas elecciones regionales en el País Vasco y Galicia, ambas previstas para el 5 de abril, aunque su suspensión no compete al Gobierno.

La reunión del Gobierno se alargó durante siete horas, que varios medios atribuyeron a discrepancias entre los socios de la coalición (socialistas y Unidas Podemos) sobre medidas para paliar el impacto económico. Sánchez eludió hablar de disputas y defendió que el debate fue "enriquecedor".
A la reunión acudió el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias (Podemos), a pesar de estar en cuarentena por coronavirus, lo que generó polémica mientras el Ejecutivo insiste a los ciudadanos para que se queden en casa. Sánchez aseguró que esa asistencia se hizo con medidas de protección.

En una comparecencia posterior, el líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, concedió a Sánchez el apoyo del Partido Popular, aunque criticó la "profunda división" y los "titubeos" del Gobierno, en un momento de crisis, mientras Iglesias "se salta la cuarentena".

Esta es la segunda vez que España aprueba el estado de alarma en su actual período democrático, y el único precedente ocurrió en diciembre de 2010 con una huelga no anunciada de los controladores aéreos de los aeropuertos, que forzó al Gobierno a militarizar el espacio aéreo nacional.