COVID-19

EFE / afp

Las medidas excepcionales para intentar frenar el número de nuevos positivos por COVID-19 comienzan a endurecerse en algunas zonas de España ante el temor a una segunda ola de contagios que pueda volver a paralizar la actividad económica y social del país, apenas un mes después de retomarla.

La preocupación se extiende sobre todo en las regiones de Cataluña y Aragón, fronterizas la una con la otra, donde el número de infectados se ha multiplicado en los últimos días, lo que ha obligado a sus respectivos gobiernos autonómicos a restringir el movimiento a sus vecinos, aunque de momento solo de manera voluntaria.

En el caso de Cataluña, al menos cuatro millones de habitantes de Barcelona y de los municipios de su área metropolitana iniciaron este sábado quince días de medidas restricitivas que pasan, en primer lugar, por la recomendación de no salir de casa si no es "estrictamente" necesario, no celebrar reuniones de más de diez personas y reducir el aforo de bares y restaurantes al 50%.

También se han vuelto a cerrar los cines, teatros, locales de ocio nocturno y gimnasios y se han restringido las visitas a las residencias de mayores.

No se trata de una segunda ola de contagios, según dijo hoy el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista radiofónica, pero si de una "transmisión comunitaria", que implica una mayor dificultad para trazar contactos y relacionarlos con focos pequeños concretos y obliga a tomar medidas de distanciamiento social.

Illa aseguró que sobre la mesa del Gobierno no está en este momento decretar un nuevo "estado de alarma" con medidas que afecten a todo el país, aunque insistió en pedir a la ciudadanía de Barcelona que no salga de casa salvo para lo imprescindible para que la situación se pueda controlar.

Cataluña ha sumado durante las últimas 24 horas 1.226 nuevos positivos de COVID-19, de los que 349 corresponden a la ciudad de Barcelona Y 894 a toda el área metropolitana, un 73 % del total de contagios, según los datos difundidos este sábado por el Departamento de Salud catalán.

El número total de casos positivos -PCR y anticuerpos- acumulados desde el inicio de la pandemia en esa comunidad autónoma asciende a 81.932, lo que supone 1.226 nuevos con respecto a los datos de ayer.

La confianza de las autoridades regionales en la responsabilidad individual de los ciudadanos contrasta con las imágenes que se pudieron ver hoy de las playas de Barcelona repletas de bañistas.

Por eso la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, no descarta plantear una reducción de su aforo: "Entendemos que es posible porque lo que se tiene que garantizar es que no haya aglomeraciones y que haya espacio suficiente para que no haya contacto entre unidades de convivencia diferentes, que es una de las normativas más básicas para evitar contagios", dijo en una comparecencia de prensa.

En Zaragoza, capital de Aragón, que concentra el segundo mayor número de nuevos contagios (270) después de Cataluña, se registraron este viernes 246.580 entradas y salidas de vehículos por distintos puntos de la ciudad a pesar de las recomendaciones del gobierno autónómico de restringir los movimientos y los controles policiales.

En otras partes de España, como el País Vasco (norte), se ha decido restringir las salidas y las visitas de los ancianos en las residencias, así como cerrar los centros de día para personas dependientes y los campamentos para niños y jóvenes, estos últimos focos de algunos de los nuevos contagios.

"Esto es un desastre", resume, con desolación, María Quintana, ante la terraza vacía de su bar, frente a la Sagrada Familia de Barcelona, donde las autoridades pidieron a sus ciudadanos que se queden en casa ante un virus que arrecia nuevamente.

La segunda ciudad española amaneció taciturna este sábado, cuando empezaron a aplicarse las medidas del gobierno regional catalán para frenar la proliferación de casos que se triplicaron en una semana y suman casi 800 nuevos contagios en siete días.

"Ahora justo que se empezaba a notar un poco de reactivación y había algún turista de fuera de España es un paso atrás", asegura María Quintana, de 35 años, desde el interior de su pequeño establecimiento.

Frente a la barra del bar han retirado los taburetes, porque las autoridades regionales les prohibieron servir allí. En la terraza, las mesas están separadas ampliamente, aunque tampoco hay clientes entre quienes mantener la distancia de seguridad.

"Si vuelven a imponer confinamiento y nos obligan a cerrar, yo bajaré la persiana, pero con mi cuello debajo, a modo de guillotina, porque no podremos subsistir", lamenta.

Las nuevas restricciones llegan menos de un mes después del fin del estado de alarma en España, que enmarcó el severo confinamiento decretado por el gobierno para reducir notablemente la transmisión de un virus que se cobró más de 28.400 vidas en el país.

También dañó gravemente el tejido económico del país, especialmente en sectores como la automoción y el turismo, que confiaba en mitigar pérdidas durante la temporada de verano.

Pero enfrente de la inacabada basílica de la Sagrada Familia, uno de los monumentos más visitados de Barcelona, los turistas se podían contar con los dedos de las manos a media mañana, la mayoría ajenos a las nuevas restricciones decretadas por el gobierno regional.

"No lo sabíamos, aunque es verdad que no hay mucha gente en la calle. Pero no creo que vayamos a cambiar nuestros planes", decía Karolina Kapounova, una checa de 23 años, sudando detrás de la mascarilla sanitaria, cuyo uso en espacios públicos es obligatorio en la mayoría de regiones de España.

"Se ven algunos turistas, pero son pocos. Y luego vienen y se encuentran con que la Sagrada Familia está cerrada, el bus turístico no funciona...", explica Joan López, un quiosquero de 39 años situado frente al templo.

Aunque "necesita el turismo como el aire que respira", él prefiere que se tomen medidas estrictas para reducir al máximo el virus. "Estar ahora sí ahora no, es perder el tiempo", explica.

"Con recomendaciones, la gente no hace caso. Hoy la ciudad parece vacía, pero porque ayer se fueron todos fuera de fin de semana (...) La gente se ha ido antes de que nos encierren", exclama.

Aunque el gobierno regional pidió a los más de tres millones de habitantes de Barcelona y su área metropolitana no hacerlo, los servicios de tráfico registraron la salida de unos 350.000 vehículos hacia las zonas costeras cercanas.

"Es un error", advirtió en la radio local Rac1 el director del comité regional de seguimiento del coronavirus, el doctor Jacobo Mendióroz. "El siguiente paso es el confinamiento domiciliario", añadió.

Y a la espera de calcular los daños de este paso atrás, se multiplican las críticas al gobierno separatista catalán, a quienes acusan de falta de preparación para controlar la enfermedad, pese a que durante meses, las autoridades locales han reprobado la gestión de la pandemia hecha por el ejecutivo español, dando a entender en muchos casos que, de haber tenido plenas competencias, ellos habrían logrado mejores resultados.

"La mala gestión nos aboca a un nuevo confinamiento", rezaba este sábado el editorial del diario catalán Ara, cercano al separatismo