EFE, AFP/ Madrid
La oposición española presentará este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por presunta corrupción relacionada con comisiones ilegales en la venta de mascarillas a administraciones públicas durante la pandemia.

La secretaria general del Partido Popular (PP), Concepción Gamarra, lo justificó ayer domingo debido a “la extrema gravedad” de los hechos, que salpican directamente al exministro socialista de Transportes y diputado José Luis Ábalos.

La oposición acusa a los socialistas de delitos de financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en un caso con varias ramificaciones.

El proceso que afecta a Ábalos se remonta a denuncias sobre una trama que se benefició de la venta de mascarillas durante la pandemia y que envolvía a Koldo García, un asesor del entonces ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista, además de persona de la máxima confianza del jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez.

La dirigente opositora del PP se refirió a informaciones periodísticas y a otras que aparecen en una investigación de la policía judicial y volvió a pedir ayer la dimisión de Sánchez. A la vista de lo que se está conociendo, según Gamarra, y si se unen “todos los puntos de la corrupción aparece la cara de Pedro Sánchez”, argumentó.

Además, el partido de extrema derecha Vox anunció una denuncia en el Tribunal Supremo contra la actual presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, por los contratos de mascarillas aprobados cuando ella era jefa del gobierno regional de las islas Baleares.

El asunto ha crispado aún más la política española, con acusaciones y duras críticas entre la oposición de conservadores y extrema derecha y la izquierda gubernamental.

Sánchez, que en 2021 cesó a Ábalos de sus cargos en el Gobierno y la Ejecutiva socialista, aseguró el viernes pasado que “no va a haber impunidad. Quien la haga, la paga”.

Foto: AFP

Este caso volvió a incluir en la agenda política española la polémica reunión que mantuvo Ábalos en el aeropuerto de Madrid en enero de 2020 con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en territorio europeo por las sanciones impuestas al régimen de Nicolás Maduro.

En aquel momento, el Ejecutivo español afirmó que la gobernante venezolana no había salido del aeropuerto y, en consecuencia, no podía considerarse una violación de la directriz comunitaria.

Sánchez reconoció que el exministro le informó de la “visita privada” de Delcy Rodríguez, pero que cuando el Gobierno se percató de que había sanciones que la impedían pisar suelo europeo se canceló esa visita.

En otro orden de temas, siempre en España, el presidente Sánchez, instó el pasado viernes a la Comisión Europea a actuar con coherencia y constatar que, si Israel no respeta el Derecho internacional y los derechos humanos en los que se basa el acuerdo de asociación con la Unión Europea, “solo hay un camino: revisar ese acuerdo”.

“Los acuerdos deben cumplirse en su letra y su espíritu y esa es la base de nuestra credibilidad ante el mundo”, dijo Sánchez en una declaración en la ciudad chipriota de Pafos, donde se han reunido los líderes de los países mediterráneos de la UE con la crisis de Oriente Medio en el centro de la agenda.

Sánchez recordó que envió una carta con esa petición en febrero a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, firmada con el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, e insistió en la necesidad de actuar: “Seamos coherentes”.

Como hizo antes que él el presidente francés, Emmanuel Macron, tachó de “absolutamente inaceptable y totalmente rechazable” lo ocurrido en el cuartel general de la fuerza de paz de la ONU en el Líbano (Finul), donde cascos azules resultaron heridos, y exigió el cese de todo tipo de violencia.

Tras indicar que ya son más de 40.000 las víctimas mortales en Gaza y el Líbano y más de tres millones los desplazados, insistió en la necesidad de recuperar la diplomacia y el diálogo en Oriente Medio, donde Europa, a su juicio, puede desempeñar un papel activo por la paz.

Apostó también por aumentar la ayuda humanitaria a Palestina y el Líbano, pidió que la comunidad internacional suspenda el envío de armas a Israel y reivindicó de nuevo la solución de los dos estados, Israel y Palestina, con la celebración de una conferencia de paz.

“No podemos ni debemos quedarnos de brazos cruzados; hacerlo sería políticamente imperdonable y moralmente rechazable”, apostilló.

Miles de personas se manifestaron ayer domingo en Madrid contra la carestía de los precios del alquiler de viviendas, un problema social que aumenta, amenaza a muchas familias de ingresos bajos e impide a los jóvenes emanciparse de sus padres.

Participaron en la protesta entre 22.000 personas, según el Gobierno, y 150.000, según los convocantes. Después de terminar, un grupo de manifestantes decidió continuar por su cuenta en la Gran Vía, lo que colapsó el tránsito de automóviles. Convocados por el Sindicato de Inquilinas, los manifestantes instaron al Gobierno, las patronales inmobiliarias y caseros a bajar los precios porque, de lo contrario, se dejarán de pagar los alquileres.

“No hay policías, juzgados ni matones suficientes” para desahuciarlos a todos si dejan de pagar, dijo la portavoz de la organización, Valeria Rapu. La organización ha exigido la dimisión de la ministra de vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, “que se vaya a su casa, a alguna de las muchas que tiene”. El Ejecutivo central, de izquierdas, ha instado a las autoridades regionales a aplicar la ley que les permite declarar “zonas tensionadas” para intervenir los precios del alquiler.