AFP/EFE
Un juez en España consideró que Rusia estaba dispuesta a apoyar "económica y militarmente" la independencia de la región española de Cataluña para "desestabilizar la Unión Europea", durante el movimiento independentista de 2017.

El juez Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, acordó en un documento judicial enviado este lunes a la prensa, prorrogar la investigación a Carles Puigdemont —expresidente del gobierno regional de Cataluña, huido de la Justicia española— sobre supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Rusia para lograr su apoyo.

El juez investiga en el conocido como caso Volhov a Puigdemont, que presidía en el gobierno catalán cuando se produjo la declaración unilateral de independencia en 2017, y a miembros de su entorno.

La investigación se centra en sus "estrechas relaciones personales" con políticos de Rusia y de la extrema derecha alemana e italiana.

El documento alertó de "estrechas relaciones personales" entre algunos investigados y diplomáticos o personas vinculadas con los servicios secretos rusos o miembros "influyentes" de partidos de extrema derecha alemana o italiana, "con intereses en establecer relaciones de influencia política y económica" con Cataluña si "se independizaba de forma unilateral de España".

Según el juez, se ha acreditado que Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, intercambió mensajes con Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del expresidente, que revelan "de manera inequívoca sus contactos con altos dirigentes del Kremlin".

Los mensajes señalaban que el expresidente catalán no debía criticar a los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, por el caso del disidente encarcelado Alekséi Navalny, y de Bielorrusia, Viktor Lukashenko.

En opinión del juez, Alay y Boye viajaron a Rusia para "entrevistarse con los más altos capos de la mafia rusa, tales como Zakhar Kalashov, Vasili Kristoforov, Koba Shermazashivili y, posiblemente, también con Evgeni Primakov, un político relevante en el Kremlin".

Los contactos en el Kremlin "debían ser de muy alto nivel" porque se "intuye" que saben que va a empezar la invasión de Ucrania por Rusia, añadió en el texto.

El juez indicó que en diciembre de 2023 recibió una carta anónima que apuntaba a un supuesto ofrecimiento de US$ 500 millones para ayudar a la independencia de Cataluña a cambio de que esta se convierta en el "paraíso de las criptomonedas".

Además, subrayó que líderes independentistas estaban preparando un "banco central catalán" para garantizar la soberanía monetaria de una Cataluña independiente, de lo que se encargaba un equipo liderado por el actual presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès.

El magistrado a cargo del caso indicó que se prolongará la investigación sobre Puigdemont y Rusia por un plazo de seis meses desde la finalización del actual plazo, que concluye el 27 de febrero. "Dada la extraordinarísima complejidad de la causa (...) resulta absolutamente imposible finalizar la instrucción" en el plazo anterior, explicó el juez.

Esta decisión llega poco antes de la votación prevista para este martes 30 de enero en el Congreso de los Diputados de una controvertida ley de amnistía para los independentistas implicados en el intento de secesión de Cataluña en 2017, que después deberá pasar por el Senado.

La adopción de esta ley fue una exigencia de la formación de Puigdemont a cambio del indispensable apoyo de los diputados de su partido, Junts per Catalunya (JxCat), al presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para que lograra un nuevo mandato a mediados de noviembre de 2023.