“No podemos dejarnos chantajear por nadie, y mucho menos por una minoría en vías de extinción”, bramó Felipe González en referencia a los separatistas. Fue una severa advertencia del máximo prócer viviente de los socialistas españoles al actual líder del Partido Socialista Obrero español (PSOE).

En la misma tribuna, otro miembro de la vieja guardia, Alfonso Guerra, sentenciaba que “la amnistía es una humillación deliberada a la generación de la transición”.

Pero Pedro Sánchez no parece dispuesto a detenerse por esas voces de la conciencia partidaria. Si la tentación del poder es más fuerte, estaría dispuesto a pagar el precio, que es debilitar la Constitución y rasgar el mapa de España.

Todavía tiene tiempo para evaluar lo que está dispuesto a hacer para permanecer en el Palacio de la Moncloa. Tiempo también para intentar convencer a quienes quieren venderle muy caro el voto a su investidura, que se conformen con menos porque si hay que repetir los comicios, la derecha y la ultraderecha pueden crecer en las urnas lo suficiente como para formar gobierno y ponerlos a la defensiva.

Más le conviene, le dirá Pedro Sánchez a los separatistas catalanes y vascos, pedir menos para que haya un gobierno dócil a sus caprichos y mano blanda con sus irreverencias, que pedir más y terminar entregando el gobierno a los conservadores que en la última elección quedaron cerca de alcanzarlo.

El Partido Popular (PP) ganó porque fue la fuerza más votada. Pero su líder, Alberto Núñez Feijoo, fracasó en formar gobierno y ahora la pelota pica en la puerta del arco para Pedro Sánchez, quien podrá formar gobierno a pesar de que el PSOE sacó menos votos y quedó segundo.

Ocurre que en los sistemas parlamentarios no gana el que saca más votos sino el que reúne más apoyos en el Parlamento. Y a Núñez Feijoo se le conformó una cuadratura de círculo a la hora de sumar adhesiones a su investidura como presidente del Gobierno.

Como la mayoría obtenida por el PP no alcanzaba para aprobar la investidura con las bancas propias, necesitaba los votos del ultraderechista VOX y de varios partidos regionales. Con los votos de VOX tampoco alcanzaba. Debía sumar también la aprobación de la Coalición Canaria y del Partido Nacionalista Vasco (PNV) o el Bloque Nacionalista Gallego (BNG).

Ahora bien, el apoyo de esos partidos regionales era insuficiente si no estaban los votos de VOX. Y los votos regionales no pueden juntarse con los de VOX. Son el agua y el aceite, porque esa fuerza ultraconservadora desciende del falangismo, la ideología impulsada por José Antonio Primo de Rivera que guió al régimen franquista, imponiendo un centralismo castellanizante que sojuzgó a las regiones y prohibió sus identidades culturales.

Gallegos, vascos y catalanes no pudieron hablar sus propias lenguas y usar sus signos nacionales. Por eso los partidos de las distintas autonomías, con excepción de la Coalición Canaria, se niegan a apoyar un gobierno respaldado por el movimiento neo-franquista que lidera Santiago Abascal.

Con el apoyo de Vox no alcanzó y sin el apoyo de VOX era imposible. Lo demostró la matemática en las dos votaciones que sentenciaron el fracaso de Núñez Feijoo. Ahora es Pedro Sánchez el que intentará sumar apoyos a su investidura para encabezar un nuevo gobierno. Y el líder del PSOE parece dispuesto a todo.

Sánchez ya habría acordado con EH Bildu, un partido que desciende del Herri Batasuna, que fue el brazo político del Euskadi Ta Askatasuna, criminal organización del separatismo vasco más conocido por su sigla: ETA.

Por cierto, con Bildu no alcanza. Por eso necesita el respaldo de Junts per Cat, el partido independentista que lidera el prófugo de la justicia española Carles Puigdemont. Y ese independentismo irá subiendo el precio a medida que se acerca la fecha de noviembre en la que, si no hay acuerdo para la investidura, se convocará a repetir los comicios.

Esquerra Republicana, el otro partido separatista catalán, también subirá el precio a su apoyo. De tal modo, el gobierno del PSOE deberá garantizar amnistía para los responsables del “procés”, el regreso impune de Puigdemont y un nuevo referéndum.

Si lo concede, la ambición de Pedro Sánchez habrá causado desgarros a la Constitución, al mapa español y a su propio honor.