Redacción El País
La oposición española y una parte de la magistratura subieron el tono en los últimos días contra la amnistía para los independentistas catalanes que negocia el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, a cambio de lograr una nueva investidura.

Sánchez, cuyo Partido Socialista terminó en segundo lugar en las elecciones legislativas del 23 de julio, tiene hasta el 27 de noviembre para conseguir la confianza del Parlamento y mantenerse en el poder. Si no lo logra antes de vencerse el plazo, se convocarían automáticamente nuevas elecciones.

Para obtener el apoyo indispensable de los partidos independentistas catalanes, Sánchez aceptó su exigencia de preparar una futura ley de amnistía para los separatistas procesados por la justicia española, especialmente por su participación en la tentativa fallida de secesión de Cataluña en 2017.

Tras largas conversaciones, Sánchez consiguió el apoyo de Izquierda Republicana de Cataluña (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), formación separatista moderada que gobierna esta región del noreste de España, y ahora solo le queda garantizarse los votos de Juntos por Cataluña (Junts per Catalunya, JxCat), el partido de Carles Puigdemont, líder del intento de independencia de 2017.

“Estamos en la cuenta atrás del pacto, el tramo final de una negociación que ha sido difícil (...) y que nos va a permitir abrir una nueva etapa”, indicó ayer Jaume Asens, uno de los principales encargados por la izquierda para negociar con Puigdemont.

Según la oposición del Parlamento, Sánchez, quien en el pasado se oponía a esta idea, está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder.

“Cambiar votos por impunidad es corrupción”, lanzó el sábado el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, durante una reunión de su formación en el País Vasco (norte).

Una nueva protesta, a la que asistirán los dirigentes de la derecha y la extrema derecha, está prevista el sábado 18 de noviembre en Madrid. [AFP]