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El presidente español Pedro Sánchez se acogió ayer martes a su derecho a no testificar contra su esposa Begoña Gómez ante el juez que la investiga, antes de presentar una querella acusando al magistrado de posibles hechos “delictivos” en su causa.

En medio de una gran expectación, el juez Juan Carlos Peinado se desplazó hasta el palacio de la Moncloa, la residencia presidencial, para tomar declaración al mandatario socialista, pero al final la audiencia duró escasos minutos.

Sánchez, citado como testigo del posible tráfico de influencias en la investigación a su esposa, también sospechosa de corrupción, declinó testificar, tal y como se lo permite la ley que exime a una persona a declarar contra su cónyuge.

Begoña Gómez, especialista en captar fondos para fundaciones y oenegés, también se había acogido a su derecho a no declarar cuando acudió al tribunal el 19 de julio.

Poco después de la visita del juez, Sánchez, que defiende la inocencia de su esposa y enmarca este asunto dentro de una campaña de la derecha y la extrema derecha contra su Gobierno, presentó una querella por presunta prevaricación contra el magistrado.

En la querella, redactada en su nombre por la Abogacía del Estado, Sánchez critica, entre otras cosas, que el juez Peinado le haya pedido declarar en persona y no por escrito, algo que solicitó infructuosamente al entender que la ley le permitía hacer en tanto que presidente del Gobierno.

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La denuncia contra el magistrado no es “un ataque frente al poder judicial”, según el documento. “Al contrario, es expresión en la confianza en el poder judicial, al entender que es el adecuado para resolver un abuso, en este caso judicial y atribuible a uno de los más de 5.000 jueces que ejercen su función en España”, subrayó.

Para justificar la manera de citar a Sánchez, Peinado señaló que lo hacía no en su condición de presidente del Gobierno, sino como esposo de la investigada, de ahí que debía testificar de forma presencial.

“No cabe disociar a una persona y pretender que se le va a preguntar como esposo, cuando lo determinante del objeto de la investigación (...) es la condición de presidente de Gobierno del marido de la investigada”, replicó la querella.

“Es absolutamente evidente que estamos frente a un montaje (...) La estrategia está muy clara, es dar una cobertura jurídica a lo que es una causa política”, fustigó de su lado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.