EFE
Hoy domingo se cumplen dos años de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática española, que recoge el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983.

Según el Gobierno español, esta ley ha permitido llevar a cabo más de 600 acciones y movilizado más de 20 millones de euros.

Hasta la fecha los cuerpos exhumados ascienden a 5.600 y ya se está iniciando la elaboración del segundo plan, cuya ejecución se prolongará hasta 2028.

El 2 de noviembre de 2022 fueron exhumados los restos del general franquista Gonzalo Queipo de Llano y del auditor de guerra Francisco Bohórquez Vecina de la basílica de la Macarena, de Sevilla (sur de España), y el 24 de abril de 2023 fueron exhumados los restos del fundador de la Falange, movimiento de extrema de derecha, José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros (Madrid).

A ello se suman los trabajos en las criptas de este valle para la exhumación de los 166 cuerpos de víctimas que reclamadas por sus familias.

Por el momento, las labores de recuperación dieron como resultado el hallazgo de la caja 198 y la exhumación de doce víctimas asesinadas en 1936 en la provincia de Ávila (centro de España), de las que once han sido identificadas genéticamente y entregadas a sus familiares.

También fueron identificadas tres víctimas de Borja (centro de España), de las 17 provenientes de esta localidad actualmente en proceso de investigación, y fueron localizados más de 200 restos procedentes de distintas localidades.

Fueron concedidas y entregadas 572 declaraciones de reconocimiento y reparación a personas que durante la guerra civil y la dictadura padecieron persecuciones.

La relación incluye a personalidades como Lluis Companys, general Escobar, Pau Casals, Pablo Picasso, Manuel Fernández Montesinos, María Teresa León, Nicolás Sánchez Albornoz, entre otros.

El Gobierno español anunció que tomará medidas legales para evitar que los gobiernos regionales aprueben leyes que menoscaben las políticas públicas de memoria, como ocurrió en Aragón y Valencia.