Con información de EFE y AFP
Unas 170.000 personas, según la delegación del Gobierno, un millón según los convocantes, asistieron este sábado en Madrid a la multitudinaria concentración contra la ley de amnistía presentada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que beneficiará a los implicados en el proceso independentista catalán.

Convocada por organizaciones de la sociedad civil, bajo el lema “No en mi nombre: ni amnistía ni autodeterminación”, entre la multuitud que se concentró al mediodía de ayer en la céntrica plaza de Cibeles de la capital estaban el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el del ultraderechista Vox, Santiago Abascal.

Núñez Feijóo pidió al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, “que no levante muros” ni “juegue con la convivencia” y consideró que España vive “un momento complicado para la democracia”.

Además, acusó a Sánchez de cometer “un fraude” y “un atropello” con la proposición de ley de amnistía registrada en el Congreso y que le ha permitido ser investido presidente del Gobierno.

Por su parte, Abascal denunció que la ley de amnistía es la “consumación” de un golpe de Estado que ya se ha iniciado con el pacto de Sánchez con “todos los enemigos de España” e instó a “seguir resistiendo” a través de una “respuesta institucional coordinada” en aquellas regiones sin una “mayoría golpista” -el PP gobierna en 12 de las 17 regiones españolas, en seis de ellas con el apoyo de Vox, y además, en el Senado tiene mayoría absoluta-.

Entre gritos de “traidor”, en referencia al presidente del Gobierno y rodeados de banderas de España y de la Unión Europea, los manifestantes llenaron la plaza de Cibeles y sus accesos al ritmo de canciones como ‘Mi querida España’, de Cecilia, ‘Libertad sin ira’, del grupo Jarcha; o ‘Mediterráneo’, de Joan Manuel Serrat.

Los participantes, de todas las edades, corearon gritos como “Sánchez traidor”, “Sánchez a prisión” y “Cataluña es España”.

“Lo que quiere (Pedro Sánchez) es descuartizar a España, que haya el País Vasco por una parte y Cataluña por otra, y decir que no he pasado nada, que los jueces no valen nada”, dijo María Ángeles Galán, una pensionista de 65 años.

“No es un presidente, es un delincuente”, añadió retomando uno de los eslóganes de la manifestación.

La manifestación se produce después de que Sánchez haya sido investido presidente del Gobierno la semana pasada con los votos de los partidos independentistas catalanes, que ponían como condición para el apoyo la amnistía, y cuando la proposición de ley sobre dicho asunto ya fue registrada en el Congreso de los Diputados por el partido socialista.

Numerosas asociaciones de la sociedad civil han llamado a los ciudadanos a participar en esta convocatoria ante la “grave encrucijada”.

Sostienen los convocantes que el PSOE “ha abandonado su deber de defender el orden constitucional” y que lo hace, además, en “estrecha alianza con los enemigos de la Nación”, con los que se dispone a aprobar leyes, como la de la amnistía, “de imposible encaje” en la Constitución “a cambio de mantenerse en el poder”.

La concentración de ayer se une a la que ya convocó el PP el pasado domingo en las principales ciudades de España y que reunió a cientos de miles de personas.

A estas hay que sumar las protestas diarias que se suceden desde hace 15 días ante las sedes socialistas de distintas ciudades de España, destacando las de Madrid, donde la mayoría de las veces acaban con incidentes violentos entre grupos ultras y la policía.

España permanece a la espera de los cambios que Pedro Sánchez haga para conformar su nuevo Ejecutivo con el reto de cumplir los acuerdos pactados con formaciones de diferentes ideologías para sacar adelante la legislatura. Unos cambios que podrían llegar en cualquier momento, y que según fuentes extraoficiales estarían encaminados a conformar un equipo de Gobierno más político que el anterior, dado el contexto en el que se desarrollarán los próximos cuatro años.

No se sabe si el anuncio de la lista de su nuevo gabinete esperará al fin de semana o, incluso, al lunes. Al tratarse de un Gobierno de coalición, Sánchez y la líder de la plataforma de izquierdas Sumar, Yolanda Díaz, hasta ahora vicepresidenta segunda del Ejecutivo español y ministra de Trabajo, tendrán que cerrar el número de departamentos que le correspondería a esa fuerza política.

En principio, se apuesta por un perfil más político para el nuevo Gobierno y la idea que parece tener el presidente es recortar el número de ministerios, 22 en la actualidad.

Si se confirmara, Sánchez tendrá que decidir si sigue dejando en manos de Sumar, su principal socio, cinco carteras, como ocurrió en el caso de Unidas Podemos la pasada legislatura, o reduce alguna.

Lo que sí se da por seguro desde fuentes gubernamentales y de los socialistas es que el reelegido presidente mantendrá al núcleo duro de su gabinete.