AFP
Consumado el fracaso de Alberto Núñez Feijóo, el socialista Pedro Sánchez arranca ahora una compleja carrera contrarreloj para tratar de ser investido como presidente del gobierno por el Parlamento español, aunque para lograrlo deberá conseguir el apoyo de los independentistas catalanes, que no dejan de incrementar sus exigencias.

Como estaba previsto, el líder del Partido Popular (PP) no logró ayer viernes los apoyos suficientes para ser investido presidente del gobierno, pese a haber sido el candidato más votado en las elecciones legislativas del 23 de julio.

Después de un primer revés el miércoles, Feijóo perdió ayer una segunda votación en la que una mayoría simple también le hubiera valido.

Con 172 votos favorables de 350 -los del PP, la extrema derecha de Vox y dos pequeños partidos-, su candidatura fue rechazada por otros 177 diputados del Partido Socialista, la extrema izquierda y partidos regionalistas.

Con Feijóo derrotado, el presidente del gobierno saliente, Pedro Sánchez, debería recibir el encargo del rey Felipe VI para intentarlo. Antes, el monarca realizará el lunes y martes otra ronda de consultas con los representantes de los partidos políticos, anunció ayer la Casa Real. En caso de que el socialista no consiga articular una mayoría antes del 27 de noviembre, se convocarían automáticamente elecciones para mediados de enero.

En el poder desde hace cinco años, Sánchez volvió a mostrar su confianza este jueves en que conseguirá articular una mayoría.

España “se apresta a repetir ese gobierno de coalición progresista dentro de poco tiempo”, aseguró en Madrid frente a socialistas europeos.

Pero, a pesar su optimismo, las negociaciones se anuncian cada vez más delicadas. Con el apoyo de la extrema izquierda, con quien gobierna desde 2020, y de los separatistas vascos, Sánchez necesita los votos indispensables del partido independentista catalán de Carles Puigdemont, Junts per Catalunya, que se opuso sistemáticamente a su gobierno en los últimos años.

A comienzos de setiembre, el líder de la tentativa de secesión de 2017 exigió desde Bélgica, donde se instaló para huir de la justicia española, la amnistía de los separatistas con causas judiciales por su participación en la fallida independencia, a cambio del apoyo de su formación.

Pero estos últimos días, Junts e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), el otro gran partido independentista, agregaron otra demanda a Sánchez: que se abran negociaciones para celebrar un referéndum de autodeterminación.

En una resolución adoptada el viernes en el Parlamento regional, los dos partidos instaron a las formaciones catalanas con representación en el Parlamento español a que “no den apoyo a una investidura de un futuro Gobierno español que no se comprometa a trabajar para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum”.

El gobierno catalán que entonces presidía Puigdemont organizó el 1 de octubre de 2017 un referéndum de autodeterminación, a pesar de la prohibición de la justicia. Al escrutinio le siguió poco después una declaración unilateral de independencia, que provocó la peor crisis política en España en décadas.

El gobierno central, entonces presidido por el PP, destituyó al ejecutivo regional y suspendió la autonomía de esta rica región de 7,8 millones de habitantes. Los líderes independentistas huyeron entonces al extranjero, como Puigdemont, o fueron encarcelados.