EFE, AFP.
Con los pactos firmados ayer por los socialistas (PSOE) con el PNV y con CC, Sánchez se asegura un apoyo por encima de la mayoría absoluta: 179 votos en el Congreso para su investidura, de los 350 que tiene la Cámara.

Sin embargo, algunos de esos acuerdos, como los alcanzados con los partidos independentistas catalanes ERC y Junts, que consiguieron una amnistía para los implicados en el proceso secesionista catalán desde 2012, suponen un gran desgaste político para los socialistas.

Esta situación se refleja en la encuesta que publicó ayer el CIS: el PSOE perdió 1,3 puntos en un mes (31,3% frente al 32,6% en octubre), mientras que el Partido Popular (PP), ganó 1,7 puntos (33,9% frente al 32,2%).

Pero pese a todo, la investidura de Sánchez ya es posible; todo indica que se producirá la próxima semana.

La amnistía acordada por el PSOE con los partidos independentistas catalanes provocó una inmediata reacción en contra del poder judicial, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

El CGPJ, cuyo mandato caducó hace cinco años y no se renueva por el bloqueo político, comunicó a las instituciones europeas “los graves episodios de ataque al Estado de derecho y la separación de poderes” en España tras el acuerdo entre el PSOE y los independentistas catalanes de Junts.

Y explica que “con el fin de obtener su apoyo para ser nombrado presidente del Gobierno de España” Sánchez “ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad”, en referencia a Carles Puigdemont, líder de Junts y huido de la Justicia española desde el proceso secesionista de 2017.

También todas las organizaciones judiciales rechazaron ese acuerdo, a las que se sumaron los jueces decanos de toda España, al considerar que este acuerdo podría suponer “la quiebra de la separación de poderes”.

Desde la principal organización empresarial española, CEOE, su vicepresidente, Lorenzo Amor, aseguró que el pacto alcanzado entre PSOE y Junts es contrario al Estado de Derecho y genera inseguridad jurídica para las empresas.

Amor manifestó la preocupación del tejido empresarial que provoca el acuerdo, que será analizado en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo de la CEOE el próximo lunes.

Al rechazo de la judicatura y los empresarios se une la presión en la calle, que comenzó hace una semana, desde que se conoció que se ultimaba el acuerdo con Junts. Para mañana domingo el PP ha convocado concentraciones en toda España contra la amnistía.

La número dos del PP, Cuca Gamarra, llamó a los “ciudadanos indignados” a manifestarse contra el acuerdo PSOE-Junts, e hizo un llamamiento también a algunos dirigentes socialistas que se oponen a esos pactos, pese a que el 87% de los militantes del PSOE los apoyaron en una consulta. Gamarra reiteró que su partido usará todas las vías a su alcance para articular una respuesta “seria y contundente” y dijo que recurrirán a “la vía judicial, la política y la parlamentaria”.

El partido de extrema derecha Vox, de su lado, va mucho más lejos, y llamó a los españoles a la “resistencia”. “Tenemos el deber de resistir a un gobierno y a un tirano que va a obtener el apoyo a la investidura con todos los enemigos de España”, declaró el líder de Vox, Santiago Abascal.