Pasados tres años del arresto del estadounidense Alan Gross en Cuba por distribuir material de comunicaciones, su esposa Judith cree que el gobierno de su país lo mandó a encerrar, mientras que el régimen castrista no da pistas sobre el futuro.
Judith Gross se manifestó ayer una vez más frente a la Sección de Intereses cubanos en Washington, como ha hecho en varias ocasiones, a veces casi en solitario, frente a una verja que hasta ahora no se ha abierto.
Cansada de no ser escuchada de un lado y otro, Judith presentó junto a su marido Alan una demanda contra su gobierno, cifrada provisionalmente en sesenta millones de dólares.
"Mi prioridad es que Alan cruce la puerta de casa. Eso es lo más importante", explicó en entrevista vía telefónica. Pero treinta y seis meses después de la detención de su marido, que acabó condenado a 15 años de cárcel, "sentimos que necesitamos hallar algún tipo de compensación", explicó.
"Le pedimos al presidente (Barack) Obama, ahora que han pasado las elecciones, que se involucre en esto", añadió.
Ni el gobierno estadounidense ni el cubano han reaccionado públicamente a la demanda de los Gross, ni tampoco ante los abogados, dice Judith. "Es algo que toma tiempo", reconoce.
Hace meses que Judith Gross no habla con la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien ha exigido numerosas veces públicamente la liberación de Alan. El expresidente Jimmy Carter y el exgobernador Bill Richardson intentaron infructuosamente obtener la liberación de Gross en sus viajes a Cuba, en 2011.
Visitó a su esposo, de 63 años, por última vez en septiembre pasado. El trato con ella siempre fue correcto, pero hermético. Judith Gross no sabe qué contestar sobre si su demanda juega en favor del régimen castrista.
"No sé qué es lo que piensan los cubanos, lo he estado intentando averiguar desde hace tres años", explica.
"Estoy muy enojada con Cuba por detenerlo y por mandarlo a la cárcel. Se trata de darle una lección a Estados Unidos", dijo.
Alan Gross empezó a viajar a La Habana en marzo de 2009 y su esposa asegura que en el último viaje antes de la detención, el 3 de diciembre de ese año, ya había planteado abiertamente a su contratista, Development Alternatives (DAI), que tenía la impresión que lo estaban siguiendo en la isla.
El gobierno, y en concreto la agencia de ayuda exterior Usaid, "debían tener alguna idea (del peligro) y fueron totalmente negligentes", explica.
Pero Alan Gross era un especialista en ayuda a países subdesarrollados, con misiones en una cincuentena de países, reconoce su esposa. Alan aceptó inmediatamente la misión, contratada por la agencia de desarrollo Usaid, en cuanto supo que se trataba de ayudar con material informático a grupos judíos en la isla.
"No es un hombre naif" insiste Judith, sino un entusiasta de la causa judía. Gross había viajado antes a Cuba como turista. "Pensábamos ir algún día juntos", asegura.
Obama "debe enviar a un representante de alto nivel a Cuba, que tenga la autoridad para discutir un amplio abanico de temas de las relaciones bilaterales y tomar las decisiones necesarias", dijo la semana pasada en Washington el abogado de Gross, Jared Genser.
El académico Esteban Morales, quien dirigió el Centro de Estudios de Estados Unidos, de la Universidad de La Habana, en tanto, descartó que el caso sea un obstáculo real para un acercamiento entre ambos países. "No creo que el caso Gross pueda ser utilizado como un obstáculo para la potencial mejoría o no de las relaciones con Cuba. Eso no es serio. Gross llegó el otro día y las administraciones se han pasado la vida esgrimiendo obstáculos", señaló.
DIFERENDO LO DEJÓ PRISIONERO
El contratista estadounidense Alan Gross cumple hoy tres años en prisión en La Habana, atrapado en un diferendo de más de cinco décadas entre Cuba y EE.UU., de cuya solución progresiva depende su liberación, opinan académicos.
"El día que exista voluntad política en Washington y la Habana para resolver los problemas estructurales de la relación bilateral entre los dos países, resolverán con creatividad el caso Gross como parte de un paquete general", dijo el profesor Arturo López-Levy, de la universidad de Denver.
Gross, de 63 años, fue detenido el 3 de diciembre de 2009 en La Habana, y condenado a 15 años de prisión por distribuir medios de comunicación satelital, que las leyes cubanas consideran ilegales y una actividad contra el Estado. Esa labor la realizó a cuenta de Development Alternatives (DAI), subcontratado por la Usaid, una entidad oficial de Washington. Desde entonces, autoridades norteamericanas han exigido su liberación, otorgándole al caso categoría de principal obstáculo en un acercamiento con el gobierno comunista de la isla, con el cual no tiene relaciones desde 1961 y le mantiene un férreo embargo desde 1962, condenado por la inmensa mayoría de las naciones del mundo.
"El gobierno norteamericano es responsable de la situación de Gross y podría empezar por sentarse a hablar seriamente con el gobierno cubano sobre su caso", dijo el canciller Bruno Rodríguez en la Asamblea General de la ONU.