PRESIDENCIA

El asalto al Capitolio de Estados Unidos por partidarios del presidente Donald Trump el miércoles provocó llamados de algunos legisladores para destituirlo de su cargo antes de que el mandatario electo Joe Biden asuma el 20 de enero.

Las escenas caóticas se desarrollaron después de que el republicano Trump -quien se había negado a comprometerse con una transferencia pacífica del poder- se dirigiera a miles de manifestantes y reiterara sus reclamos infundados de que le habían robado las elecciones.

Hay dos formas de destituir a un presidente en ejercicio: la Vigésimoquinta Enmienda de la Constitución y un juicio político seguido por una condena en el Senado. En cualquier escenario, el vicepresidente Mike Pence se haría cargo de la presidencia hasta la toma de posesión de Biden.

Una fuente conocedora del a situación dijo que hubo discusiones preliminares entre algunos miembros del gabinete y aliados de Trump sobre la invocación de la 25ª Enmienda.

La 25ª Enmienda, ratificada en 1967 y adoptada tras el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, se refiere a la sucesión presidencial y la discapacidad.

La sección 4 aborda situaciones en las que un presidente no puede desempeñar su trabajo pero no renuncia voluntariamente.

Los redactores de la enmienda tenía claramente la intención de que se aplicara cuando un presidente está incapacitado por una enfermedad física o mental, según los expertos. Algunos académicos también han argumentado que también podría aplicarse de manera más amplia a un presidente que es peligrosamente inadecuado para el cargo.

Para invocar la 25ª Enmienda, Pence y la mayoría del gabinete de Trump tendrían que declarar que el mandatario no puede cumplir con los deberes de la presidencia y destituirlo. Pence le sustituiría en ese escenario.
Posteriormente, Trump podría declarar que es capaz de reanudar el trabajo. Si Pence y la mayoría del gabinete no cuestionan la determinación de Trump, este recuperaría el poder. No obstante, si dudan de su declaración, el Congreso será el que decida, aunque Pence continuaría actuando como presidente hasta entonces.

Se necesitaría una mayoría de dos tercios de ambas cámaras para mantener a Trump al margen. Sin embargo, la Cámara de Representantes, bajo control demócrata, podría simplemente retrasar la votación sobre la disputa sustantiva hasta que termine el mandato de Trump, dijo Paul Campos, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Colorado.

En opinión de Campos, la 25ª Enmienda sería una forma adecuada de destituir a Trump, ya que además tiene la ventaja de ser más rápida que el juicio político.

"Pence podría convertirse instantáneamente en presidente, mientras que el juicio político y la condena podrían llevar al menos unos días", señaló.

Sí.

Un concepto erróneo sobre el "juicio político" es que se refiere a la destitución de un presidente de su cargo. De hecho, esta figura se refiere solo a la presentación por parte de la Cámara de Representantes -la Cámara baja del Congreso- de cargos de que un mandatario participó en un "delito grave o una falta", similar a una acusación en un caso penal.

Si una mayoría simple de los 435 miembros de la Cámara aprueba presentar cargos, conocidos como "artículos del juicio político", el proceso se traslada al Senado -la Cámara alta-, que celebra un juicio para determinar la culpabilidad del presidente. La Constitución requiere un voto de dos tercios del Senado para condenar y destituir a un presidente.

Trump ya fue acusado por la Cámara de Representantes -bajo control demócrata- en diciembre de 2019 por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso derivados de sus esfuerzos por presionar a Ucrania para que investigara a Biden y su hijo. Fue absuelto por el Senado liderado por los republicanos en febrero de 2020.

Frank Bowman, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Misuri, dijo que Trump "posiblemente fomentó la sedición" o un intento de derrocamiento del gobierno.

No obstante, Bowman dijo que Trump también podría ser acusado de un delito más general: deslealtad a la Constitución e incumplimiento de su juramento. El Congreso tiene discreción para definir un delito grave y una falta y no se limita a figuras penales reales.

"El delito esencial sería uno contra la Constitución, por intentar socavar en esencia los resultados legales de una elección celebrada legalmente", dijo Bowman