AFP
Joe Biden y Donald Trump coincidieron ayer sábado en Georgia (sur de Estados Unidos) en el que el presidente demócrata ganó por poco en 2020 y que podría volver a ser decisivo en las elecciones de este año.

Biden decidió ir a la capital, Atlanta, para movilizar al electorado afroamericano e hispano. “Lo que está en juego en estas elecciones no podría ser mayor” para estos votantes, declaró su directora de campaña, Julie Chávez Rodríguez, en un comunicado de prensa, afirmando haber recibido el apoyo de tres “comités de acción política” relacionados con esas dos comunidades.

Los “comités de acción política” son fondos de inversión vinculados a un candidato, un partido o una causa más amplia, que intervienen en todas las elecciones estadounidenses. Su papel es crucial en la actual campaña presidencial, anunciada como la más cara de la historia del país.

La campaña de Biden acaba de anunciar que gastará US$ 30 millones en anuncios televisivos. El primero de ellos comenzó a rodar ayer en canales nacionales y en estados muy disputados: Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Georgia, Nevada y Carolina del Norte.

Donald Trump, que salvo sorpresas será el candidato del Partido Republicano contra Biden en noviembre, también se dirigió a sus seguidores en Georgia. Acosado por la justicia, el magnate de 77 años está acusado, entre otras cosas, de intentar revertir a su favor los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

El sistema electoral estadounidense funciona de manera tal que lo que cuenta no es la mayoría de votos a nivel nacional, sino en cada estado.

En 2020, Biden venció a Trump en la mayoría de los estados bisagra, aquellos que suelen oscilar a cada elección entre demócratas y republicanos. Entre ellos se encuentran Georgia, pero también Michigan y Wisconsin, a donde irá la próxima semana. En Georgia la ventaja final a favor de Biden fue de apenas 12.000 votos.

Para la elección de noviembre, las encuestas ubican primero a Trump en la mayor parte de estos estados clave.

Una corte de Texas respaldó el viernes un programa de la administración de Biden que permite el ingreso mensual a Estados Unidos de 30.000 migrantes de cuatro países por razones humanitarias, y que gobernadores conservadores intentaron desactivar.

Como una respuesta a la crisis migratoria que enfrenta el país, el gobierno federal permite desde fines de 2022 a ciudadanos de Venezuela y desde 2023 a naturales de Cuba, Haití y Nicaragua a solicitar la entrada a Estados Unidos por razones humanitarias para una estancia temporal de hasta dos años. Deben ser patrocinados por una persona con permanencia legal en el territorio.

Bajo este “parole” humanitario se buscaban contener los cruces irregulares por la frontera sur del país desde México y motivar a quienes buscan asilo a utilizar las vías permitidas. Para acceder al programa deben llenar un formulario y, tras ser autorizados, entrar al país por vía aérea.

Esta medida fue considerada ilegal por Texas, que junto a otros 20 estados bajo dominio republicano pidieron la intervención judicial. En su demanda, el estado texano aseguraba que este plan les ocasionaría millonarios gastos en atenciones médicas, educativas, administrativas e incluso en materia penitenciaria. Pero el juez federal de distrito, Drew Tipton, dijo que “los demandantes no han demostrado que Texas haya sufrido un daño”. “Esta corte no ve ilegalidad en el programa”, agregó en su resolución.