El Tiempo/GDA
Una nueva ley en la Florida entró en vigor el martes 1° de octubre, junto con muchas otras más, pero esta generó preocupaciones entre los residentes por su impacto en la población sin hogar. Esta legislación busca abordar la crisis de la falta de vivienda en el estado pero lo hace criminalizando la falta de hogar.

Hay tres claves de la ley HB 1365 de la Florida —recién este mes comenzó a regir, tras haber sido aprobada por Ron DeSantis a fines de marzo— que destaca el medio Wric por causar preocupación en los floridanos.

Una de las medidas más controvertidas de esta nueva ley es la prohibición de dormir en espacios públicos, lo que incluye a las aceras, los parques y las playas. Esta regulación representa una de las acciones más severas en el país contra la falta de vivienda.

Al considerar ilegal el descanso de personas sin hogar en lugares públicos, la ley transforma a quienes se encuentran en una situación vulnerable en infractores. Muchos ciudadanos expresaron su preocupación por el bienestar de quienes no tienen un hogar, temiendo que, en lugar de recibir apoyo y asistencia, puedan enfrentar arrestos y consecuencias legales.

Además, la nueva legislación permite que los residentes y propietarios de negocios demanden a los municipios que no implementen adecuadamente los programas necesarios para abordar esta problemática.

Otro aspecto crítico de la ley HB 1365 es la falta de recursos para su implementación efectiva. Si bien el portal citado explica que se estima que Florida tiene alrededor de 31.000 personas sin hogar, la infraestructura de refugios disponible es limitada. La ley exige que los gobiernos locales desarrollen programas para ayudar a estas personas, pero la escasez de espacios y recursos necesarios para llevar a cabo estas iniciativas pone en duda su viabilidad.

El estado destinó US$ 30.000.000 para ayudar a los municipios en la implementación de la ley, pero muchos funcionarios locales consideran que esta cantidad es insuficiente para abordar un problema tan complejo y arraigado. La asignación promedio de US$ 600.000 por condado no cubrirá las necesidades básicas, lo que significa que muchas comunidades podrían verse imposibilitados de ofrecer la asistencia necesaria a quienes se encuentran en situación de calle.

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A pesar de estos desafíos, algunas ciudades comenzaron a explorar soluciones alternativas, como la conversión de hoteles abandonados en refugios temporales o la designación de estacionamientos nocturnos para aquellos que viven en vehículos. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas es incierta y depende en gran medida de la voluntad y los recursos disponibles en cada comunidad.

Por otro lado, la posibilidad de litigios también fue un tema recurrente en las discusiones sobre la nueva ley de Florida. Al permitir que los residentes demanden a las autoridades locales por la falta de acción en el manejo de la falta de vivienda, se corre el riesgo de desviar recursos que podrían utilizarse para ayudar a quienes realmente lo necesitan.

Esta situación puede generar un círculo vicioso en el que se prioriza el cumplimiento legal sobre la asistencia social. Los funcionarios locales expresaron su preocupación de que esta ley se convierta en una oportunidad para que abogados independientes presenten demandas con el fin de obtener beneficios económicos, lo que podría llevar a que se destinen menos fondos a programas de ayuda.

Además, la ley fue criticada por enfocarse desproporcionadamente en la minoría de personas sin hogar que tienen problemas de abuso de sustancias. La realidad es que muchas de estas personas son víctimas de violencia doméstica, veteranos de guerra o ancianos, quienes pueden ser los más perjudicados.