La Nación/GDA
Después de que Donald Trump inaugurara su presidencia firmando una orden ejecutiva, entre varias otras, para erradicar el derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, hay un estado que está emulando su estrategia. La ciudadanía por nacimiento en suelo estadounidense es un derecho protegido por la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por lo que la orden que decretó Trump es inconstitucional. Pero eso no ha detenido al estado de Texas y al congresista republicano Brian Babin, quien impulsó un proyecto de ley con el apoyo del gobernador Greg Abbott, para garantizar la ciudadanía automática solo a los nacidos en suelo estadounidense cuyos padres sean ciudadanos, residentes permanentes o miembros activos del ejército.

“Va a tener un enorme impacto en nuestro sistema de inmigración porque va a cerrar lagunas legales que explotan la ciudadanía por nacimiento, y desalentará la inmigración ilegal y pondrá fin al mal uso de este privilegio, que en realidad está totalmente malinterpretado”, dijo Babin a Fox News. “No quiero que nadie diga que me opongo a la inmigración. Mis antepasados también emigraron. Tengo una nuera... es de Brasil, se casó con mi hijo y es una orgullosa ciudadana estadounidense, pero lo hizo de manera legal. Y no podemos seguir teniendo este abuso”.

El debate adquirió un carácter urgente tras la firma de la orden ejecutiva por parte del presidente Donald Trump, quien busca eliminar la ciudadanía automática para los hijos de inmigrantes indocumentados. Este movimiento generó una ola de demandas judiciales y reacciones a lo largo y ancho del país.

Foto: AFP

Desde 1868, la 14ª Enmienda garantiza la ciudadanía a cualquier persona nacida en Estados Unidos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Este principio, confirmado por un fallo de la Corte Suprema en 1898, es, hasta ahora, un pilar de la inclusión y el desarrollo nacional. Sin embargo, detractores como Babin argumentan que este derecho fue malinterpretado y explotado a través del llamado “turismo de maternidad”.

Según el Pew Research Center, aproximadamente 4,4 millones de niños nacidos en Estados Unidos viven con al menos un padre indocumentado. En Texas, uno de los estados con mayor población inmigrante, el impacto de un cambio en la legislación sería significativo, afectando a cerca del 8% de los hogares.

Foto: X.com/@GregAbbott_TX

El intento de redefinir el concepto de ciudadanía en Estados Unidos surge en un clima político altamente polarizado, con el control migratorio como una prioridad en la agenda republicana. La orden ejecutiva impulsada por Donald Trump dio un nuevo impulso a los esfuerzos para implementar esta controvertida reforma.

Sin embargo, el avance de estas medidas encontró una fuerte oposición. Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó demandas inmediatas, donde sostuvo que la reforma es inconstitucional.

Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, la calificó como “un ataque despiadado contra los valores fundamentales de Estados Unidos”. En este sentido, advirtió que esta iniciativa podría desencadenar una crisis humanitaria al negar derechos esenciales a millones de niños nacidos en territorio estadounidense.