El Tiempo/GDA
En Estados Unidos, la crisis migratoria provocó que distintos estados aprobaran leyes contra los indocumentados. Muchas veces provocando polémicas y oposiciones por parte de grupos por los derechos de los migrantes, se buscó otorgar mayor control estatal sobre el estatus migratorio de quienes están en su territorio. En varias ocasiones con tensión con las fuerzas federales por intervenir en este tema, las normativas apuntan a distintas cuestiones.
La cuestión de la migración es actualmente una preocupación central en la agenda de Estados Unidos. De cara a las elecciones presidenciales, tanto el presidente Joe Biden como el exmandatario Donald Trump proponen soluciones para este conflicto en sus respectivas campañas. Sin embargo, a la autoridad federal se le reclamó en muchos casos la falta de respuestas para contener la problemática de los indocumentados. Ante este motivo, distintos estados llevaron a cabo la elaboración de normativas que regulan la cuestión dentro de su territorio. Aunque el caso más emblemático, y polémico, fue el de Texas, otras legislaciones también dieron que hablar.
En Texas, la SB4 convierte en delito estatal la entrada ilegal al territorio texano, por lo que otorga a las autoridades estatales la posibilidad de decidir el destino de un indocumentado y, además, posibilita la detención policial de un sospechoso de haber cruzado al país de forma irregular. Aunque fue aprobada por Greg Abbott, la aplicación de la ley todavía se encuentra en suspenso por disposición judicial.
Yendo hacia el sureste del país norteamericano, Florida cuenta con la SB1718, que plantea una serie de penas para los indocumentados y también para quienes los ayuden, como por ejemplo transportarlos por el territorio estatal. Hace algunas semanas, bajo la administración de Ron DeSantis se aprobaron otras nuevas normativas que aumentan castigos para el reingreso ilegal y prohíben la emisión de licencias de conducir a migrantes ilegales.
Otro estado que aprobó legislación respecto a los migrantes irregulares fue Georgia. Allí, recientemente se aprobaron las leyes HB301 y HB1105, que prohíben las ciudades santuario en el estado y obligan a los centros penitenciarios a informar sobre el estatus migratorio de los detenidos, respectivamente.
Iowa, en línea con la SB4 de Texas, aprobó una ley para que las personas que hayan sido deportadas o se les haya negado el ingreso en el país no puedan estar en el territorio. La normativa, que ya fue firmada por la gobernadora Kim Reynolds, establece que en caso de incumplir lo mencionado se incurrirá en un delito estatal.
Por último, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, firmó recientemente una nueva ley que causó polémica. Según reportó la cadena estadounidense Telemundo, esta obliga a que los agentes de policía del estado informen a autoridades federales en caso de detener a un indocumentado.
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