La Nación/GDA
En el estado de la Florida, Estados Unidos, decenas de leyes entraron en vigor el lunes 1° de julio de 2024. Estas, tras pasar las votaciones en el Congreso estatal, fueron promulgadas por el gobernador Ron DeSantis tras su firma. Parte de la legislación afecta directamente a los inmigrantes indocumentados en Florida o apuntan a desincentivar la afluencia de extranjeros sin estatus legal en territorio estadounidense.

Se trata de las leyes SB 1036, HB 1451 y HB 1589, además del veto de la “Ley sobre Vivienda para Trabajadores Agrícolas Legalmente Verificados” CS/SB 1082, que ya están en vigencia e inciden de manera directa o indirecta en la vida de los inmigrantes indocumentados que residen en el estado del sureste de EE.UU.

La ley denominada de “reclasificación de sanciones penales” dispone penas más duras para los delitos cometidos por inmigrantes indocumentados que regresen a Estados Unidos luego de haber sido deportados. En ese sentido, las nuevas sanciones son:

• Un delito grave de tercer grado (hasta cinco años de prisión) después de la deportación será imputado como un delito grave de segundo grado (hasta 15 años de prisión).
• Un delito grave de segundo grado (hasta 15 años de prisión) después de la deportación será imputado como un delito grave de primer grado (hasta 30 años de prisión).
• Un delito grave de primer grado (hasta 30 años de prisión) después de la deportación se considerará un delito grave de por vida.

“Estoy firmando la SB 1036 para aumentar la clasificación de un delito cometido por un extranjero ilegal previamente deportado. Los inmigrantes ilegales que vienen a Florida para cometer delitos pasarán mucho tiempo en prisión”, advirtió DeSantis al momento de su anuncio.

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La ley de “documentos de identificación” prohíbe a los condados y municipios aceptar tarjetas de identificación emitidas a extranjeros ilegales por otras jurisdicciones. Estas tarjetas de identificación se denominan comúnmente tarjetas de identificación comunitarias. En EE.UU. hay 19 estados que permiten que los inmigrantes indocumentados obtengan una licencia de conducir, además del Distrito de Columbia.

Tras firmar esta ley, DeSantis anunció en sus redes sociales: “Anteriormente, prohibimos a los gobiernos locales y a las ONG emitir identificaciones a extranjeros ilegales. Hoy firmé la HB 1451, que prohíbe a los condados y municipios aceptar identificaciones emitidas a extranjeros ilegales”.

Por su parte, la ley sobre “conducir sin una licencia de conducir válida” incrementa las penas a las personas que manejen un vehículo sin una licencia válida. En rigor, aumenta la sentencia máxima de 60 días a un año de cárcel por dos o más delitos, mientras que la sentencia mínima obligatoria es de diez días de prisión por tres o más delitos.

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“En Florida, no permitimos que los extranjeros ilegales obtengan licencias de conducir y no reconoceremos las licencias de conducir que las jurisdicciones santuario otorgan a los extranjeros ilegales. Al aumentar las sanciones por conducir sin una licencia válida, la ley que firmé hoy es otra herramienta para ayudar a las autoridades a mantener a los floridanos a salvo de los impactos de la crisis fronteriza”, planteó DeSantis en un comunicado oficial.

Si bien no se trata de una ley promulgada este año, el gobernador DeSantis vetó el pasado 28 de junio la “Ley sobre Vivienda para Trabajadores Agrícolas Legalmente Verificados”. Con la intención de prevenir que la normativa incentivara la contratación de trabajadores indocumentados en las granjas del estado, el mandatario derogó la regulación, que buscaba eliminar las restricciones locales que obstaculizaban el desarrollo de viviendas en terrenos agrícolas.

“Los términos del proyecto de ley se aplican a los trabajadores agrícolas inmigrantes legales, pero el proyecto de ley no incluye los medios para hacer cumplir esta limitación y podría allanar el camino para la vivienda de los trabajadores extranjeros ilegales”, planteó DeSantis en un comunicado del sitio web del gobierno de Florida.