Por Sergio Gómez Maseri de El Tiempo/GDA
El pasado fin de semana, el presidente Donald Trump desató lo que para muchos es el inicio de una crisis constitucional en Estados Unidos al desempolvar una ley de hace más de 200 años, prevista para tiempos de guerra, como vehículo para deportar a El Salvador a cientos de migrantes venezolanos que acusa de ser parte de la pandilla criminal el Tren de Aragua.

Aunque el uso de la ley (Acto para los Enemigos Extranjeros de 1789) aún es materia de intenso debate, pues presume que hay un conflicto con otro país -o la posibilidad de que estalle uno-, el aparente desacato a la decisión de un juez que pidió devolver los aviones y suspender las deportaciones por vía de este mecanismo, se tornó en todo un choque de trenes, sin antecedentes, entre el poder Ejecutivo y Judicial. El Tiempo entrevistó a Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) para quien las deportaciones fueron ilegales y, a su juicio, Estados Unidos está tratando de convertir Centroamérica en otro Guantánamo.

-¿Actuó Trump en derecho cuando invocó una antigua norma y la usó para deportar a venezolanos?

- Estas deportaciones son ilegales. El concepto de “invasión” (que menciona la ley) se refiere a una incursión militar en territorio estadounidense. Por supuesto, esto no es lo que ocurre hoy en los Estados Unidos y tampoco lo fue en años pasados cuando había un número mucho mayor de migrantes en la frontera sur. De hecho, buena parte de los migrantes se entregan a las autoridades en la frontera, procurando ingresar de forma ordenada al país para que se procesen sus solicitudes de asilo. Y cuando han existido vías legales y seguras para migrar -como el Parole Humanitario y las Oficinas de Movilidad Segura, que Trump desmanteló- un gran número de migrantes y solicitantes de asilo utilizaron estas vías para llegar al país. Aquí no hay una “invasión” de migrantes, lo que hay es un esfuerzo de la administración Trump por saltarse procedimientos migratorios ordinarios y desconocer la administración de justicia.

- La ley solo se ha utilizado en tres ocasiones. La más reciente tras los ataques de Japón contra Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, cuando además se ordenó la detención de más de 30.000 personas de ese país. ¿Es un paralelo válido con la situación actual?

-La última vez que se invocó la ley de Enemigos Extranjeros fue en uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos: cuando se detuvieron a miles de ciudadanos japoneses únicamente por su nacionalidad. Pero la situación de migración que vive hoy Estados Unidos no tiene comparación alguna con Pearl Harbor. Se trata de una exageración extrema y sin sustento para invocar una ley, como la de Enemigos Extranjeros, que además probablemente sea inconsistente con las obligaciones nacionales e internacionales de Estados Unidos en materia de no discriminación. Por eso, nosotros hemos apoyado en el pasado iniciativas legislativas para derogar la ley de Enemigos Extranjeros, que es una reliquia del siglo 18, y que no se ajusta a los estándares internacionales vigentes.

-Aunque la administración alega que muchos de los detenidos eran del Tren de Aragua, a la que acaban de catalogar como terrorista, otros no lo eran o no se demostró ante una corte que lo eran. ¿Puede leerse esto como un pretexto para expulsar a migrantes venezolanos de manera exprés dado que el régimen de Maduro no se los está recibiendo?

-Desde la campaña presidencial lo que ha habido es un esfuerzo por intentar estigmatizar a los migrantes venezolanos acusándolos, sin ninguna justificación, de ser miembros del Tren de Aragua. Y el gobierno Trump, ha invocado la presencia del Tren de Aragua para cancelar el Estatuto de Protección Temporal de los venezolanos y para deportarlos de forma expedita a sitios como Guantánamo. Hemos documentado numerosos casos en los que los deportados no tenían antecedentes penales. A muchos los acusan solo por tener tatuajes, aunque los expertos en Tren de Aragua señalan que los miembros del Tren de Aragua no se identifican por tatuajes. Es triste ver esta pobreza investigativa en las autoridades de Estados Unidos. Cualquiera que haya cometido un delito violento como los que comete el Tren de Aragua debe ser judicializado. Pero lo que no se puede hacer es deportar sin debido proceso a venezolanos que, en su gran mayoría, están huyendo de la dictadura de Maduro y tratando de construir una nueva vida para sus familias.

-¿Qué opina de la decisión de enviar a migrantes de otra nación a un tercer país como El Salvador, donde el presidente ha prometido que permanecerán encarcelados por lo menos un año?

-He presentado una declaración jurada ante el juzgado del juez Boasberg sobre las condiciones carcelarias en El Salvador. Las personas detenidas allí pierden comunicación con el mundo exterior y carecen de cualquier acceso genuino a recursos judiciales. Las únicas audiencias que se realizan son de forma virtual, muchas veces con cientos de imputados a la vez. Y aunque no hemos podido ingresar al Cecot, donde han sido enviados los deportados, en otras cárceles del país hemos documentado casos de malos tratos, torturas, desapariciones forzadas y muertes. Enviar a cualquier persona a estas condiciones es en sí mismo una violación de derechos humanos. Mucho peor en este caso, cuando ni el gobierno de Estados Unidos ni el de El Salvador han presentado pruebas de que se trate de miembros del Tren de Aragua. Estamos documentando, uno por uno, los casos de migrantes venezolanos. Hay evidencias de que en varios casos son personas que solo han cometido el “delito” de huir a Estados Unidos escapando de la dictadura de Maduro y de tener un tatuaje.

- En cierto sentido, esto se parece mucho al uso de Guantánamo, en Cuba, durante la guerra contra el terrorismo que siguió a los ataques del 9-11 y cuando Estados Unidos envió a la isla a muchos de los capturados en ese conflicto. ¿Ven las similitudes?

-Efectivamente, estamos ante un esfuerzo por crear una especie de Guantánamo centroamericano. Se busca exactamente el mismo propósito que en la llamada “guerra contra el terrorismo”: remover a estas personas de la protección de la ley y del escrutinio público. Con Guantánamo, progresivamente los abogados, a través de habeas corpus, los periodistas y las organizaciones de derechos humanos lograron acceso a los detenidos. Aquí estamos ante un caso aún más desafiante porque estas personas ya están fuera del territorio estadounidense y en El Salvador, un país que a lo largo de los últimos 3 años durante el régimen de excepción de Bukele, ha desmantelado el Estado de derecho. Afortunadamente el juez Boasberg dictó una medida judicial sobre este caso, que permite que continúe su escrutinio al respecto de la suerte de estas personas. Estamos trabajando de la mano de periodistas y abogados para evitar que se sigan violando los derechos de estas personas y para asegurar que Estados Unidos no vuelva a cometer las aberraciones que cometió en Guantánamo.

-Un juez de distrito ordenó detener las deportaciones mientras se revisa su legalidad. Pero la administración no lo hizo, ha indicado que piensa seguir utilizando el mecanismo y que el juez no tiene derecho para bloquearlo porque interfiere con un poder presidencial. ¿Ustedes como lo ven?

-Creo que podemos estar al borde de una crisis constitucional. El Juez federal Boasberg, del Distrito de Columbia, le prohibió a la administración deportar o remover a los migrantes bajo la ley de enemigos extranjeros, mientras analizaba el fondo del caso. La administración avanzó con las deportaciones y Trump reaccionó como un típico autócrata: pidiendo la destitución del juez. Es una buena noticia que el presidente de la Corte Suprema Roberts haya publicado un comunicado recordando que ningún juez puede ser removido únicamente porque al gobierno no le gusta sus decisiones. Quiero confiar en que la independencia judicial en Estados Unidos es capaz de contener esta andanada autoritaria. Pero creo que llegar a este punto a apenas dos meses del comienzo de la administración Trump es un pésimo presagio para el futuro de la democracia americana, y por la influencia de los Estados Unidos en América Latina, puede tener un efecto cascada inmenso en el resto del continente.

-Estados Unidos ha deportado a migrantes a otros países, ¿por qué ésto es diferente?

-Costa Rica y Panamá recibieron migrantes deportados de Estados Unidos. Entre ellas hay personas de Afganistán, China, Irán, Rusia, Uzbekistán y otros países de Asia y África. Costa Rica mantiene a 200 de estas personas, incluidos 80 niños, retenidas en un “centro de recepción”. Panamá recibió 299 personas, de las cuales 182 retornaron de forma supuestamente voluntaria a sus países de origen y las restantes permanecen en el país en una especie de limbo, con un “permiso humanitario” que puede renovarse hasta por 90 días. Hemos entrevistado a migrantes deportados a los dos países y corroborado que a muchos se les ha privado del derecho a solicitar asilo e incluso de las audiencias mínimas que exige la ley estadounidense en procesos de “expulsión inmediata”. Hacemos un llamado a los gobiernos de Costa Rica y Panamá para que permitan que estas personas tengan acceso a procesos justos para solicitar asilo en sus países y también le hemos pedido a otros gobiernos que se ofrezcan a reasentar a estas personas, que en muchos casos corren el riesgo de sufrir graves abusos si son devueltos a países como Afganistán, Irán o China. La situación en El Salvador es aún más desafiante porque allí no hay separación de poderes ni independencia judicial. En Costa Rica, el canciller tuvo que presentarse esta semana ante el congreso a dar explicaciones y aclaró que la legislación sobre asilo es plenamente aplicable. En Panamá, el gobierno liberó a estas personas -de hecho, las dejó botadas en una estación de bus en medio de la noche- ante el escrutinio de la Comisión Interamericana. Todo ello es más difícil ante un autoritario como Bukele.

- Es decir, ¿no hay antecedentes similares a lo que se está haciendo con los venezolanos en El Salvador?

-No conocemos antecedentes similares. Lo que ocurría en el pasado, incluyendo en la primera administración Trump, es que las personas eran, ya sea obligadas a esperar en México mientras se procesaba su asilo a los Estados Unidos, o deportadas bajo el claro entendido de que podrían solicitar asilo en terceros países, como Canadá, El Salvador o Honduras. Algo similar hizo Australia en 2016, cuando envió a más de 1.200 personas a la isla de Nauru. Por supuesto, estas eran prácticas abusivas porque se enviaban a personas a condiciones deplorables y, en muchos casos, a lidiar con sistemas de asilo pobres y deficientes. Pero el escenario en el que estamos hoy es mucho peor porque el gobierno de Estados Unidos actúa como si el derecho a solicitar asilo simplemente no existiera. Como si el Estado de derecho, en su propio país, no importara.