EFE
El fiscal especial Jack Smith, encargado de investigar al expresidente Donald Trump (2017-2021), urgió ayer sábado a una corte de apelaciones a desestimar la petición del exmandatario para que se archive un caso de injerencia electoral alegando que gozaba de total inmunidad mientras estaba en el cargo.

La petición de Smith es especialmente significativa por el argumento que utiliza: asegura que las afirmaciones de Trump acerca de la inmunidad presidencial representan una “amenaza para los cimientos democráticos y constitucionales” del país.

“En lugar de validar nuestro marco constitucional, la amplia afirmación de inmunidad del acusado amenaza con autorizar a los presidentes a cometer crímenes para permanecer en el cargo”, afirmó Smith y su equipo en un extenso escrito de 82 páginas presentado ayer ante la corte de apelaciones en Washington. Las palabras de Smith establecen el marco para procesar a Trump por intentar anular el resultado de las elecciones de 2020, que ganó el actual presidente Joe Biden y cuyo resultado se negó a reconocer Trump llegando a alentar el asalto al Capitolio de 2021.

El caso se encuentra actualmente en la corte de apelaciones debido a que, el 1 de diciembre, la jueza de la corte del Distrito de Columbia, Tanya Chutkan, ya rechazó las peticiones de Trump para archivar el caso por inmunidad presidencial. El equipo del presidente recurrió y el siguiente paso es que la corte de apelaciones estudie el caso durante una audiencia prevista para el 9 de enero.

Es probable que, una vez que la corte de apelaciones emita su fallo, alguna de las partes recurra nuevamente y el caso termine en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

La descalificación como candidato del expresidente Donald Trump en Maine, el segundo estado en tomar esta decisión después de Colorado, pone más presión sobre el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que tiene que pronunciarse sobre la cuestión a pocas semanas de que dé inicio la contienda electoral.

Después de que el Tribunal Supremo de Colorado tomase la semana pasada la sorprendente e inaudita decisión de descalificar a Trump basándose en una provisión constitucional posterior a la guerra civil, la batalla legal se ha extendido rápidamente por cortes de todo el país.

Pese al precedente creado, las autoridades en la mayoría de estados -los encargados de organizar las elecciones en el sistema federal estadounidense-, como en Michigan, California o Minesota, están evitando tomar partido en la cuestión, dejando que sea el Supremo de Estados Unidos quien fije una posición sobre el tema. La misma cuestión se está dirimiendo actualmente en una quincena de estados, entre ellos Oregón, Virginia, Nueva York o Nevada.

Quienes defienden que Trump ha quedado inhabilitado para el cargo de presidente por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 apelan a la Sección Tercera de la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una “insurrección” volver a ser elegidas.

Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil en Estados Unidos, con el objetivo de evitar que los alzados sureños de la Confederación que habían jurado la Constitución y luego la traicionaron pudieran llegar al poder.