EFE, AFP
la Corte Suprema de Estados Unidos dio ayer un nuevo espaldarazo a los conservadores -y un golpe al gobierno de Joe Biden- al permitir que algunos comercios se nieguen a prestar servicios a parejas LGTBI por motivos religiosos y al invalidar una medida del presidente para cancelar parte de la deuda estudiantil.

Florida, en particular, se vuelve a partir de hoy en uno de los estados más conservadores con la entrada en vigor de una batería de leyes que son fiel posición del gobernador Ron DeSantis, quien aspira a ser el próximo presidente de EE.UU., y que versan sobre inmigración, armas, educación y pena de muerte.

Como telón de fondo a este “regreso” a un Estados Unidos añorado por el ala dura republicana está el fin de la protección federal al aborto, decisión que tomó hace un año la supermayoría republicana en la Corte apuntalada por el exmandatario Donald Trump. El 24 de junio de 2022, el tribunal dejó la legislación -en contra o a favor del aborto- a cargo de cada estado. Ese mismo día algunos prohibieron cualquier procedimiento para abortar en su territorio. Desde entonces, todas las miradas se clavaron en el Supremo y en qué derechos recortaría el tribunal.

Y pese a haber concedido alguna victoria a los jueces de corte progresista durante este año, la máxima instancia judicial estadounidense asestó un golpe al colectivo LGTBI, al dar la razón a una diseñadora gráfica cristiana, Lorei Smith, que se niega a crear páginas web para bodas de parejas homosexuales.

El juez Neil Gorsuch, encargado de redactar la decisión, escribió que la negativa de Smith está amparada por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU., que blinda la libertad de expresión y de religión. En una opinión de disentimiento, la magistrada Sonia Sotomayor -nombrada por Barack Obama en 2009- advirtió que, por primera vez en la historia, el tribunal está entregando a una empresa el derecho constitucional a “negarse a dar servicios a miembros de una minoría social”.

La Corte Suprema ya había dado la razón en 2018 a un pastelero cristiano que se negó a preparar una torta de boda para una pareja gay, pero entonces se basó en motivos técnicos, sin llegar a promulgar principios generales.

“Me preocupa profundamente que la decisión conlleve una mayor discriminación contra los estadounidenses del colectivo LGTBI”, expresó Biden en un comunicado publicado ayer tras darse a conocer la decisión del Supremo.

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Los nueve jueces que componen el tribunal anularon también la quita parcial de los préstamos educativos que otorgó el Departamento de Educación. El fallo afecta especialmente a los estudiantes con menos recursos, en su mayoría hispanos y afroamericanos. Para esos grupos es el segundo revés judicial, un día después de que la supermayoría conservadora de seis jueces contra tres pusiera fin a la “discriminación positiva” en el acceso a la universidad en virtud del grupo étnico de los aspirantes.

El líder del Senado republicano, Mitch McConnell, arremetió contra “el plan socialista de préstamos estudiantiles”, y celebró que el Supremo haya impedido que Biden “llene los bolsillos de su base de altos ingresos y tome por tontas a las familias de clase trabajadora que decidieron no contraer deuda estudiantil”.

Casi 43 millones de personas piden préstamos estudiantiles federales por un total de 1.630 billones de dólares. Al comienzo de la pandemia, el gobierno de Trump congeló el reembolso de estos préstamos en virtud de una ley de 2003 que le permite “aliviar” a los titulares de deudas estudiantiles en caso de “emergencia nacional”. La medida expira el 31 de agosto.

Anticipándose a este plazo, Biden anunció en agosto pasado su intención de anular 10.000 dólares de las deudas de los prestatarios que ganaran menos de 125.000 dólares al año y 20.000 dólares de antiguos beneficiarios de becas. Se presentaron 26 millones de solicitudes, según la Casa Blanca, con un costo superior a 400.000 millones de dólares.

El tribunal consideró que la administración de Biden no tenía derecho a aprobar este tipo de medidas sin antes pasar por el Congreso. Para el presidente, se trataba de uno de los argumentos centrales en la búsqueda del voto joven para su campaña de reelección en 2024.

Unos 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal de Florida, de mayoría republicana, empezarán a regir a partir de hoy sábado, entre ellos algunos de talante ultraconservador.

La oposición demócrata alega que las leyes forman parte de la “agenda política” del gobernador DeSantis de cara a las primarias republicanas. DeSantis es el competidor directo de Trump, y de estas elecciones saldrá el nominado por este partido para 2024.

En cada acto de campaña por EE.UU., DeSantis resalta que, bajo su gobierno, Florida se ha convertido en un “estado libre” y menciona leyes como la prohibición del tránsito de indocumentados o que se aborden cuestiones de género en las escuelas, por dar algunos ejemplos.

Desde el sábado, la discusión en las escuelas públicas sobre identidad de género y orientación sexual estarán proscritas de las aulas de los cursos hasta octavo grado por la ley conocida por sus detractores como “Don’t say gay” (“No digas gay”), que amplía los alcances de otra de 2022, y que le valió a DeSantis una cruzada contra Disney, feroz opositor de la ley.

Al mismo tiempo hay leyes que, en lugar de restringir, dan más libertad, aunque en un ámbito polémico. Desde hoy no será necesario en Florida un permiso para portar sin que sea visible un arma de fuego cargada en lugares públicos, por ejemplo.

El impacto de los fallos y las leyes en los hechos todavía está por verse. No obstante, este golpe a la “cultura woke” ya despierta resistencia en las calles y dolores de cabeza en la cúpula de la Casa Blanca.