AFP
En un fallo inédito, la Justicia de Estados Unidos prohibió a la administración de Joe Biden cualquier contacto con compañías de redes sociales con el fin de moderar su contenido. En seis páginas -donde tres son solamente una lista de funcionarios y oficinas a quienes va dirigida-, un juez de distrito federal de Luisiana dictó ayer la resolución en respuesta a una demanda presentada por los fiscales generales republicanos de Luisiana y Misuri, quienes alegaron que funcionarios del gobierno fueron demasiado lejos en sus esfuerzos para que las plataformas combatieran desinformación sobre las vacunas y las elecciones.

La medida alcanza incluso a funcionarios de alto rango como la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre; el secretario de Salud y Servicios Humanos, Xavier Becerra; el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y departamentos completos de la Administración como el Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional, el FBI, y Control de enfermedades (CDC), entre otros.

En concreto, de ahora en más está prohibido que estos entes y funcionarios utilicen cualquier medio de contacto con las empresas de redes sociales, ya sea enviar correos electrónicos, cartas o mensajes de texto, así como llamar o participar “en cualquier comunicación de cualquier tipo”.

Tampoco pueden reunirse con las compañías “con el fin de instar, alentar, presionar o inducir de cualquier manera a la remoción, eliminación, supresión o reducción del contenido que contiene libertad de expresión protegida publicada en plataformas de redes sociales”.

Otra de las restricciones es la de informar a estas empresas respecto a “publicaciones que intentan engañar a los votantes sobre requisitos y procedimientos de votación”.

Durante las pasadas elecciones -y con el antecedente de la avalancha de “fake news” que protagonizaron la contienda de 2016, en las que fue electo Donald Trump- una firme política de Twitter fue combatir la desinformación sobre el proceso electoral. Así, la compañía, por decisión propia, empezó a catalogar con alertas los tuits que advertían al usuario sobre contenido falso o engañoso vinculado a las elecciones. Incluso tuits del propio Trump fueron catalogados como “desinformativos” y llevaron finalmente a la suspensión permanente de su cuenta.

Pero ahora el fallo llega en un momento en el que Twitter es tierra fértil para ese contenido, tras políticas que ha impuesto su propietario desde 2022, el multimillonario Elon Musk, quien se ha referido a sí mismo como “absolutista de la libertad de expresión”.

Esa “moderación” para los demócratas -censura para los republicanos-, ya se había visto flexibilizada, de todos modos, con la llegada de Musk a Twitter. Por decisión propia, el director de Tesla y SpaceX levantó en noviembre del año pasado varios filtros que moderaban mensajes incitadores de odio o noticias falsas o engañosas, lo que hizo que este tipo de contenido se disparara.

En suma, este fallo podría limitar seriamente el alcance de las agencias del gobierno para notificar a las plataformas sobre contenido problemático, falso o engañoso. Y la política que lleva adelante Musk no pareciera ir en sentido contrario al espíritu de la decisión judicial. Doble dificultad para el gobierno de Biden.

La Casa Blanca condenó ayer mismo el fallo. Karine Jean-Pierre dijo que no se descarta presentar un recurso. “No estamos de acuerdo. (...) El Departamento de Justicia la está revisando. Evaluará sus opciones”, indicó la portavoz presidencial en su rueda de prensa diaria.

Las primeras reacciones, como era de esperarse, han sido de alerta. Algunos expertos en desinformación y en la Primera Enmienda criticaron la decisión: “La orden de la corte en este caso es ciertamente demasiado amplia”, dijo Jameel Jaffer, director del Instituto Knight de la Primera Enmienda de la Universidad de Columbia.

“Protegería a las plataformas no solo de la coerción sino también de las críticas”, añadió.

La resolución marca una victoria para los conservadores en Estados Unidos, tras una racha de fallos que le han dado la razón a jueces y fiscales republicanos la semana pasada.

Contrario a la nueva limitación en EE.UU., las redes sociales en Francia retiraron “muy rápidamente miles de contenidos ilícitos y suspendieron centenares de cuentas” a pedido del gobierno durante los disturbios de la semana pasada, indicó a la AFP la delegación ministerial del sector digital. Los ministerios del Interior y de Justicia enviaron centenares de solicitudes a las grandes plataformas para cancelar contenidos ilícitos, como llamamientos a actos violentos o divulgación de datos personales de policías. También convocaron a los representantes de TikTok, Snapchat, Twitter y Meta (Facebook e Instagram).

Los ministros han “sometido a una enorme presión a las empresas para que retiren contenidos ilícitos, y ellos respondieron muy rápidamente a las solicitudes”, precisó la fuente. La colaboración con las plataformas “fue muy buena”, agregó.