Miguel Jiménez - El País de Madrid
Donald Trump quiere dar espectáculo sentado en el banquillo de los acusados o declarando desde el estrado. Sus abogados han apoyado la petición de varios medios de comunicación de que el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos, agendado para el 4 de marzo de 2024, se televise en directo. La fiscalía se opone, alegando que lo que quiere Trump es montar un circo. La juez federal Tanya Chutkan tiene que pronunciarse. Su decisión puede tener una gran trascendencia para el devenir no solo del juicio, sino de la política estadounidense, pues la vista oral se celebra en plenas elecciones primarias y a solo unos meses de las presidenciales.

Las vistas judiciales del edificio de los juzgados federales de Washington están abiertas al público. En los casos más sonados, hay que hacer cola por si se llena la sala, como ha ocurrido este año en alguna vista del juicio de monopolio contra Google, por ejemplo. En ocasiones se habilita una sala adicional para seguir la sesión por circuito cerrado de televisión, disponible también en la sala de prensa. A los asistentes a la sala no se les permiten cámaras de vídeo o fotografía, grabadoras u otros aparatos electrónicos. Los móviles tienen que estar apagados. La cuestión es si esas normas, aplicadas con carácter general tanto en los juicios civiles como en los penales, deben mantenerse en un caso de tanta trascendencia como el de Trump. Hay argumentos para todos.

En principio, de los cuatro juicios penales contra Donald Trump, en el único en que se da por segura su retransmisión es en el de Georgia, de acuerdo con la práctica de dicho estado. En el resto, está por ver. Un amplio grupo de grandes medios de comunicación, incluidos canales de televisión, agencias de noticias y periódicos, presentó el mes pasado a la jueza Tanya Chutkan una solicitud para acceder con sus cámaras al tribunal para retransmitir el juicio de Washington, el primero penal en celebrarse. Alternativamente, pedían a la jueza que difundiese en directo a través de YouTube su propia señal institucional durante el juicio o, subsidiariamente, al acabar la sesión de cada día.

“Desde la fundación de nuestra nación, nunca hemos tenido un caso penal en el que asegurar la confianza del público sea más importante que con Estados Unidos contra Donald J. Trump”, señalaban los medios de comunicación en su escrito. “El enjuiciamiento de un expresidente, ahora aspirante a la presidencia, por cargos de subvertir el proceso electoral, presenta las circunstancias más fuertes posibles para la supervisión pública continua del sistema judicial. Esa supervisión, arraigada en décadas de precedentes de la Primera Enmienda [que consagra la libertad de expresión] y una sólida política judicial, será funcionalmente ilusoria sin acceso audiovisual a estos procedimientos. A través de su abogado, Trump ha hablado en repetidas ocasiones sobre la importancia de las cámaras en la sala del tribunal en este caso. En su beneficio, y en el del tribunal y el público, la cobertura audiovisual en tiempo real será un paso fundamental para frenar las falsas teorías conspirativas en todo el espectro de la opinión pública, independientemente del resultado del juicio”, argumentaban. Su petición se tramita en un caso civil sobre la retransmisión paralelo al principal.

En los juzgados de Washington se han celebrado varias vistas del caso. Salvo el día en que compareció Donald Trump para declararse inocente de los cargos que se le imputan, en las sesiones no se ha completado siquiera la capacidad de la sala, de aproximadamente un centenar de personas. Periodistas, curiosos y aliados de Trump han comparecido en algunas de esas vistas. Hace unas semanas, cuando se discutía imponer al expresidente una orden para que no atacase a fiscales, testigos y personal del tribunal, allí estaba, por ejemplo, su leal escudera, la congresista por Georgia Marjorie Taylor Greene. Pero cuando llegue el momento de la verdad, el primer juicio con Trump en el banquillo, es previsible que se desborde la capacidad del juzgado.

“Hoy en día existen los medios, a través de la grabación y difusión audiovisual, para que todos los estadounidenses ejerzan su derecho constitucional a observar juicios, en particular un caso histórico como este”, dicen los medios, señalando que el derecho a presenciar el caso no debe quedar restringido a los pocos que quepan en la sala. “En el fondo, ninguna distinción constitucional de principio separa el derecho establecido de los ciudadanos a observar los procesos judiciales de primera mano y el derecho a grabar y retransmitir esos procesos en beneficio de los muchos millones de personas que no pueden asistir a esos procesos en persona. La naturaleza del derecho constitucional no debería cambiar dependiendo de los medios por los que se observen los juicios. Por lo tanto, este juicio debe ser televisado”, añaden.

Los abogados de Trump dudaban inicialmente. En principio, no parecía muy edificante para los posibles votantes la imagen de un candidato sentado en el banquillo de los acusados por la presunta comisión de numerosos delitos. Trump, sin embargo, ha abrazado su condición de imputado y ha sacado provecho de la misma para denunciar una supuesta persecución política. Presentándose como víctima ha sido capaz de aprovechar sus traspiés judiciales para recaudar fondos y distanciarse de sus rivales republicanos en las encuestas. Y está dispuesto a jugar la baza de los juicios para su campaña. En el fondo, lo que pretende es que toda la opinión pública, el electorado, sea un gigantesco jurado que se pronuncie a través de las urnas.

Por ello, Trump se ha subido al carro de la retransmisión en directo y lo ha hecho con un escrito que da una idea del guion del espectáculo que está dispuesto a dar el acusado y sus abogados defensores. “Por primera vez en la historia de Estados Unidos, una administración en funciones ha acusado a su principal oponente electoral de un delito penal. Consciente de que sus acusaciones carecen de fundamento, la fiscalía ha tratado de proceder en secreto, obligando a la nación y al mundo a confiar en versiones sesgadas y de segunda mano procedentes de la Administración Biden y sus aliados mediáticos. Como resultado, los ciudadanos de nuestro gran país son incapaces de revisar por sí mismos lo que muestran los hechos de este caso, y lo injustamente que el presidente Trump está siendo tratado a manos de su oponente político”, sostiene el texto firmado por el abogado principal de Trump en el caso, el locuaz John Lauro.

“La fiscalía desea continuar esta parodia en la oscuridad. El presidente Trump pide la luz del sol”, añade Lauro que dice que el caso “tiene todas las desafortunadas insignias de un juicio en un régimen autoritario, carente de legitimidad o del debido proceso”. “El presidente Trump está absolutamente de acuerdo, y de hecho exige, que estos procedimientos sean televisados en su totalidad para que el público estadounidense pueda ver de primera mano que este caso, solo como otros, no es más que una farsa inconstitucional fabricada que no debería volver a repetirse”, indica Lauro, anticipando que la defensa insistirá en el caso en que Trump tenía la “sagrada obligación como presidente de investigar y abordar el fraude y otras irregularidades en las elecciones presidenciales de 2020″ y que presentará “las pruebas relativas a una elección que el presidente Trump cree que fue amañada y robada”. Por más que se haya demostrado que eso es un bulo, muchos ciudadanos se lo creen.

Nadie duda de que un interrogatorio a Trump en directo sería todo un espectáculo televisivo. La posición de la fiscalía de negarse a la retransmisión es seguramente menos popular. Los fiscales se han manifestado este lunes sobre el escrito de Lauro. En un documento de cuatro páginas, empiezan señalando que “no cita ni una sola norma o caso en apoyo de su posición, porque no hay ninguno”. “En su lugar, denunciando la supuesta injusticia de la inequívoca y constitucionalmente sólida prohibición de retransmisión que ha regido los juicios penales federales —sin importar el acusado— durante décadas, la respuesta del acusado es un esfuerzo transparente por exigir un tratamiento especial, juzgar su caso en la sala de la opinión pública y convertir su juicio en un acontecimiento mediático. El Tribunal debería rechazar este intento de distracción”, indica.

El fiscal especial Jack Smith sostiene que lo que busca Trump es un trato diferente al que han tenido otros acusados en juicios de alto perfil, como los de acusados por conspiración sediciosa por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. “La amplia cobertura informativa, a menudo minuto a minuto, de las vistas de este caso es una prueba más de que la ‘luz del sol’ deseada por el acusado no tiene por qué provenir de la elusión de las normas”.

En la fiscalía se detecta cierto hartazgo con la estrategia legal de la defensa del expresidente. “Puede optar por presentar sus escritos ante el tribunal con el objetivo de obtener cobertura mediática en lugar de una reparación legal por parte del Tribunal, como parece haber hecho en esta y en muchas otras ocasiones. Pero ni él ni ningún otro acusado penal es libre de saltarse o infringir las normas simplemente para avanzar en su objetivo de ‘presentar sus posiciones en este caso al público estadounidense”.

“El acusado adereza su respuesta con varias referencias a la ‘imparcialidad’, pero lo que en realidad pretende es desafiar una prohibición de retransmisión uniforme y de larga data que se elaboró precisamente teniendo en mente unos procedimientos judiciales justos y ordenados”, dice el fiscal, que eleva el tono: “En su lugar, desea crear un ambiente de carnaval del que espera sacar provecho distrayendo, como intentan hacer muchos acusados de fraude, de los cargos que se le imputan”.

Jack Smith señala, además, que el escenario que describe “no es hipotético”. “Como el Tribunal ya ha observado en los procedimientos del juicio, el acusado y su abogado, si se les permite, diseñarán sus declaraciones ante el tribunal para hacer una campaña de relaciones públicas”, explica.

Recuerda también que en el juicio civil por fraude de Trump en Nueva York, el expresidente utilizó recientemente su testimonio para descalificar el caso como una “caza de brujas política”, lo que llevó al juez a amonestarle y decirle que no estaba en un mitin político. “El Tribunal no debería conceder las solicitudes (...) y motivar aún más al acusado y a su abogado a hacer declaraciones impropias dentro de la sala del tribunal para provocar una reacción pública fuera de ella”, concluye.