La Nación/GDA
Una nueva ley en California entró en vigor recientemente con el cometido de reforzar las medidas para combatir el crimen organizado en tiendas minoristas. Esto, a través de penas severas y el tratamiento de estos delitos como graves desde montos más bajos que en otros estados de Estados Unidos. La legislación brinda tanto a fiscales como a las autoridades las herramientas más efectivas para detener a sospechosos y sancionarlos con hasta prisión efectiva.

Uno de los puntos centrales de esta nueva normativa es el umbral de US$ 950 en bienes robados, por encima del que un sospechoso puede ser acusado de delito grave. De esta forma, California tiene ahora el décimo límite más estricto del país. En comparación, Texas establece una línea de US$ 2.500, Alabama de US$ 1.500 y Mississippi de US$ 1.000, por ejemplo.

El robo a tiendas minoristas se ha convertido en un problema creciente en todo el país, por lo que el gobierno del demócrata Gavin Newsom decidió tomar cartas en el asunto. Bajo la mencionada ley, los involucrados en estos hechos pueden enfrentar penas de hasta tres años de cárcel, dependiendo del valor de los bienes sustraídos y el nivel de participación en la organización delictiva. Las autoridades han hecho especial hincapié en frenar los hechos que involucran grupos organizados, porque suelen afectar a múltiples tiendas en una misma operación.

En 2023, el estado aprobó una inversión récord para combatir este tipo de delitos, con un aumento del 310% en las operaciones proactivas. Además, se ha creado un equipo especial de la Patrulla de Carreteras de California (CHP, por sus siglas en inglés), dedicado exclusivamente a perseguir y detener redes de crimen organizado en el ámbito comercial. Esto ha permitido desmantelar grupos delictivos que afectan tanto a pequeños comercios como a grandes cadenas minoristas.

La implementación de esta ley va acompañada de una estrecha colaboración entre las fuerzas del orden del "estado dorado" y las locales, que incluye el trabajo conjunto con la CHP para actuar en áreas de alta incidencia de robos. A través de estas operaciones coordinadas, se han logrado más de 1.600 arrestos desde abril de este año, además de la recuperación de bienes robados y la incautación de armas ligadas a crímenes.

El gobernador Newsom ha señalado que esta nueva ley forma parte de un plan más amplio para mejorar la seguridad en el estado. Desde el lanzamiento del programa de prevención del robo minorista, se han destinado US$ 6,2 millones para reforzar las medidas de seguridad en ciudades como Bakersfield.

Foto: Facebook / California Governor

Vale recordar que el mandatario firmó semanas atrás la ley AB1960, que busca imponer sanciones más severas por, además de cometer robos, dañar propiedades. Esto responde al creciente temor entre los empresarios californianos frente al aumento de los delitos de este tipo. El texto oficial indica que si una persona toma, daña o destruye una propiedad en la comisión o intento de comisión de un delito grave, “el tribunal deberá imponer un término adicional y consecutivo de prisión”.