EFE
Un juez estadounidense suspendió el jueves 29 de febrero la entrada en vigor de una ley de Texas que causó polémica, por permitir a las autoridades policiales detener y expulsar a migrantes de los que sospechen que ingresaron de forma ilegal a Estados Unidos, informaron los demandantes.

La ley, que se preveía entraba en efecto el próximo lunes 4 de marzo y queda suspendida temporalmente, es una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia estadounidense.

Los defensores de los migrantes han advertido que la ley conducirá directamente a la discriminación racial, en especial contra los hispanos.

La medida (SB 88-4) fue demandada por grupos de defensa de derechos civiles encabezados por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en diciembre pasado a pocos días de ser firmada por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, principal impulsor de la medida.

Tras conocer el fallo, Abbott anunció que apelará de inmediato. "Texas tiene derecho a defenderse debido al continuo incumplimiento por parte del presidente (Joe) Biden de su deber de proteger a nuestro estado de la invasión en nuestra frontera sur", dijo en un comunicado. Abbott indicó que tiene la intención de llegar con este caso hasta la Corte Suprema.

Los demandantes alegan que la ley es inconstitucional porque viola la supremacía de la ley federal, que regula la inmigración en Estados Unidos, sobre las medidas aprobadas por un estado.

La ley convierte en delito menor el que un extranjero "ingrese o intente ingresar al estado desde una nación extranjera" de forma irregular. La falta se convierte en un crimen grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.

La iniciativa también permite a la Justicia estatal ordenar la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó ilegalmente al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.

Anand Balakrishnan, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, dijo en un comunicado que la decisión del tribunal federal "confirma" la ilegalidad de la medida.

Edna Yang, codirectora ejecutiva de American Gateways, otra de las organizaciones demandantes, subrayó que "la única manera de arreglar nuestro fallido sistema de inmigración es a través de la acción del Congreso federal, no de la acción estatal individual".

Los demandantes anticiparon que lo más probable es que el Gobierno de Texas apele la decisión temporal de la corte.

La ley produjo el rechazo de Gobiernos locales como el de El Paso, que participó en la demanda. Iliana Holguín, comisionada de ese condado aplaudió en un comunicado la decisión de la corte y dijo que la ley "impondría una carga indebida a los contribuyentes locales, al tiempo que abriría la puerta a posibles violaciones de los derechos civiles de los residentes fronterizos".

Por su parte, Domingo García, presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac, en inglés), la más antigua organización hispana en Estados Unidos, dijo en un comunicado que "Abbott y otros políticos de derecha deben dejar de desperdiciar millones de dólares de los contribuyentes de Texas y mentirles a los tejanos diciendo que en realidad están deteniendo a los inmigrantes".

Acusó a los líderes republicanos de ser "cómplices de los traficantes" de migrantes al enviar a los recién llegados a otras ciudades de Estados Unidos y no trabajar en un plan de inmigración bipartidista para resolver la crisis humanitaria en la frontera.