Liberan a un hombre que estuvo más de 40 años en el corredor de la muerte en EE.UU.: la prueba que lo salvó

Douglas Carter tenía 29 años en 1985 cuando la policía lo arrestó bajo la sospecha de que había asesinado a tiros y puñaladas a Eva Olesen en su casa en Provo, Utah. Finalmente, firmó una confesión, fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte.

Carter pasó casi cuatro décadas en el corredor de la muerte, alegando que su confesión fue obtenida bajo coacción por policías sin escrúpulos. En 2022, un tribunal anuló su condena, al considerar que la investigación había estado viciada por graves irregularidades cometidas por el fiscal principal, el investigador principal y otro agente de policía.

Durante cuatro años más, Carter permaneció tras las rejas mientras los fiscales intentaban juzgarlo de nuevo. Pero en una audiencia celebrada el lunes, un juez accedió a liberar a Carter, de 71 años, sin fianza, después de que los fiscales reconocieran que el ADN encontrado en la escena del crimen no era suyo. Salió de la cárcel del condado de Utah el lunes por la noche, acompañado de su hijo, Tyler Anger.

“Estamos profundamente agradecidos de que Doug finalmente regrese a casa, pero también nos duele profundamente el robo de su vida”, declaró su abogado, Neal Hamilton. “Cuando Doug fue arrestado, era un joven brillante a punto de forjar su futuro. Sale de prisión siendo un hombre de 71 años que anhela disfrutar de los últimos años de su vida”.

Carter sigue acusado del asesinato de Olesen, pero los fiscales han dicho que están estudiando si seguir adelante con el caso y esperan dar una respuesta a un juez del tribunal de distrito de Utah antes del 10 de noviembre. La semana pasada, los fiscales anunciaron que ya no solicitarían la pena de muerte tras recibir los resultados de nuevas pruebas de ADN.

Los resultados mostraron que el ADN de Carter no coincidía con el ADN de seis pruebas encontradas en la casa de Olesen, incluyendo sangre en el pomo de una puerta y ADN en el mango del cuchillo con el que la apuñalaron.

“Los resultados de las pruebas de ADN no incluían al acusado”, declaró el fiscal del condado de Utah, Erwin Petilos, ante el juez Derek P. Pullan en la audiencia del lunes, mientras Carter y miembros de la familia de Olesen observaban.

En los documentos presentados ante el tribunal, los fiscales afirmaron que los resultados de las pruebas de ADN no “necesariamente exoneraban” a Carter porque Olesen también recibió un disparo con un arma de calibre .357 o .38 que nunca se encontró, y los testigos declararon en su momento que la esposa de Carter poseía una .38 que tampoco se encontró. Los familiares de Olesen le habían pedido a Pullan, del Tribunal del Cuarto Distrito de Utah, en Provo, que no liberara a Carter, señalando que aún estaba acusado del asesinato.

“Seguimos sin creer que sea completamente inocente”, declaró Theresa Olesen, nuera de Olesen, durante la audiencia de fianza de Carter el lunes. “Hay otros factores, y esperamos que la investigación continúe. Solo queremos justicia para Eva, y si él tuvo alguna participación, queremos que se sepa”. Eva Olesen, de 57 años, era maestra, madre, abuela y miembro activa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y de la asociación de padres y maestros local. También era tía del jefe de policía de Provo. El 27 de febrero de 1985, su esposo la encontró con las manos atadas a la espalda y la ropa de la cintura para abajo, según consta en los registros judiciales. Había recibido diez puñaladas y un disparo en la nuca.

Los registros judiciales indican que la policía había recibido pistas que señalaban a Carter como posible sospechoso. Finalmente, firmó una confesión, a pesar de que no existía ninguna prueba física que lo vinculara con la escena del crimen. Durante el juicio, dos testigos de la fiscalía -Epifanio Tovar y su esposa, Lucia- aportaron testimonios que corroboraban aspectos de la confesión de Carter. Declararon haber visto a Carter justo antes y después del asesinato, y que Carter le había dicho a Tovar que había asesinado a una mujer y le había mostrado cómo lo había hecho.

Foto: AFP

Décadas más tarde, sin embargo, los Tovar firmaron declaraciones juradas en las que afirmaban que la policía los había amenazado con la deportación, los había presionado para que hicieran declaraciones falsas y les había ordenado mentir en el juicio de Carter cuando se les preguntó si la policía les había pagado algún dinero, según consta en los registros judiciales. Según consta en los registros judiciales, un agente de policía instruyó a Epifanio Tovar para que testificara falsamente que Carter le había dicho justo antes del asesinato que iba a salir a “violar, asaltar y atropellar”.

Cuando se le preguntó a Tovar durante el juicio si la policía le había brindado a él o a su familia alguna ayuda económica, afirmó falsamente que él y su esposa solo habían recibido 14 dólares como “honorarios por declarar”, según consta en los registros judiciales. En realidad, los Tovar habían recibido aproximadamente 4.000 dólares de la policía en los meses previos al juicio. El fiscal principal del caso estaba al tanto de esos pagos, pero no corrigió a Tovar durante su testimonio, según los registros judiciales.

El año pasado, la Corte Suprema de Utah ratificó el fallo de Pullan de 2022 que había anulado la condena de Carter. Ambos fallos citaron graves violaciones de los derechos constitucionales de Carter.

“Es raro ver un caso que involucre múltiples instancias de mala conducta intencional por parte de dos agentes de policía diferentes -uno de ellos el investigador principal del caso- y un fiscal”, dijo la Corte Suprema de Utah. Como condición para la liberación de Carter, Pullan exigió que fuera supervisado por un agente privado de libertad condicional, que llevara un dispositivo GPS y que respetara un toque de queda a las 11 de la noche, entre otros requisitos. The New York Times