EFE
El juicio político al presidente Joe Biden que pusieron en marcha ayer jueves los republicanos en la Cámara de Representantes, es una maniobra política que no tiene posibilidad de prosperar dado que no cuentan con mayoría en el Senado. De todos modos, es un tema que se sumó a la campaña electoral.

Los republicanos acusan a Biden de haber utilizado sus influencias cuando era vicepresidente de Barack Obama (2009-2017) para ayudar a su hijo Hunter y a otros familiares en supuestos negocios irregulares con China.

Sin embargo, para los demócratas no se trata más que de una maniobra política para distraer la atención del cerco judicial que pesa sobre el expresidente Donald Trump, gran favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, dominada por los republicanos desde las elecciones de medio mandato de noviembre de 2022, convocó ayer jueves la primera audiencia para el “impeachment” (juicio político) contra Biden.

El congresista James Comer, presidente del comité, afirmó que cuentan con “una montaña de pruebas” que demostrarían que Biden “abusó de su cargo público para el beneficio económico de su familia”.

A la sesión fueron invitados expertos en Derecho para revisar las cuestiones legales que rodean la investigación, pero no se presentaron ni testigos ni pruebas concluyentes de la relación de Biden con los supuestos negocios corruptos.

La Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede ser destituido en un juicio político si cometió “delitos o faltas graves”.

Los republicanos sostienen que por ahora el objetivo del juicio político no es el de destituir al mandatario sino el de poder ampliar la investigación sobre las presuntas irregularidades.

Lo cierto es que no está claro que el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, tenga el respaldo del sector moderado de partido para cesar a Biden.

Además, aunque el juicio político prospere en la Cámara Baja, luego tendría que pasar por el Senado, donde los demócratas tienen la mayoría, por lo que sus posibilidades son nulas.

Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington citado ayer por los republicanos, mostró su apoyo a que el Congreso investigue a Biden por las irregularidades, pero confesó que votaría “No” a cesar al presidente porque no hay pruebas suficientes.

Mientras que Michael Gerhardt, de la Universidad de Carolina del Norte y llamado a testificar por los demócratas, zanjó que “no hay base suficiente” para abrir este proceso contra el mandatario

Ambos son reconocidos juristas que testificaron en el juicio político contra Bill Clinton en 1998 y en el primero de Trump, en 2019.

Los demócratas intentaron ayer sin éxito forzar la comparecencia de Rudy Giuliani, exabogado de Trump, a quien acusan de ser el cerebro de los “bulos” contra la familia Biden.

Esta primera audiencia arrancó dos días antes de que en la medianoche del sábado el Gobierno federal se quede sin fondos para seguir operando. Un grupo de republicanos afines a Trump está en plena rebelión y se resiste a votar el presupuesto.

La Casa Blanca advirtió ayer jueves que quedan horas para el cierre de Gobierno, lo que puede derivar en “consecuencias dañinas”, como la pérdida de empleos, la suspensión de sueldo para los militares o dejando la lucha contra el fentanilo sin financiación.