EFE
La nueva ley migratoria de Florida, Estados Unidos, va a correr la misma suerte que las "leyes antiinmigrantes" de California y Arizona: "Empantanada" por litigios judiciales o no implementada, según aseguró Juan José Gutiérrez, director ejecutivo de la coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes.

"Venimos a decirle al millón de indocumentados que se calcula que hay en Florida que no están solos, que tenemos experiencia en cómo neutralizar estas leyes regresivas y reaccionarias", señaló a EFE Gutiérrez, uno de los integrantes de la caravana "Todos somos Florida", que partió la semana pasada de California.

La caravana desfilará este viernes ante el Capitolio de Florida en Tallahassee, la capital, en coincidencia con una marcha de protesta. El acto principal tendrá lugar el sábado 1° de julio, día de entrada en vigor de la ley SB 1718, según explicó Gutiérrez, que habló desde un automóvil de la caravana que estaba circulando en ese momento por una carretera de Luisiana.

"Vamos a anunciar un boicot, a pedir al público de todo el país que del 1° al 4 de julio no consuma productos de Florida, como frutas y verduras, jugo de naranja y otros cítricos", señaló.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de "la coalición de coaliciones Todos somos Florida", señaló que, además de las protestas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro inmigrantes han diseñado una estrategia legal contra la SB 1718 que se va a plasmar en varias demandas judiciales.

Gutiérrez recuerda que la Proposición 187 de California, una ley antiinmigrantes de 1994, estuvo "empantanada" en la Justicia durante años hasta que un gobernador decidió ponerle punto final y otra ley del mismo estilo, la 1020 de Arizona, entró en vigor pero no se implementó.

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para empantanar la ley SB 1718 hasta que pase la temporada electoral", dijo Gutiérrez, quien opinó que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, candidato a las primarias republicanas de 2024, ha querido con esa ley "demostrar que es más antiinmigrante que Donald Trump", sin importarle "llevar a la ruina" económica a su estado.

Gutiérrez subrayó que en este caso los empresarios de Florida están del mismo lado, aunque por distintas razones, que las organizaciones que defienden a los migrantes, porque a ambas partes les perjudica la ley SB 1718.

La nueva normativa obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar E-Verify, un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno. Esto conllevará penas de multas y de retirada de permisos para operar, entre otras medidas severas y "antiestadounidenses", según la han tachado algunos de sus críticos.

Otro ejemplo de la dureza de la ley es que viajar en un automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada es considerado un delito grave de segundo grado, punible con hasta 15 años de prisión.

El castigo aumenta si el pasajero es un menor de edad, sin importar si se trata de un familiar inmediato del conductor.

La ley dificulta el acceso de los indocumentados a la atención médica, al hacer obligatorio el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (el seguro de salud público) y desconoce las licencias de manejar expedidas por otros estados a personas sin estatus migratorio legal.