EFE
Un centenar largo de grandes empresarios de Nueva York firmaron una carta conjunta en la que piden al Gobierno federal y a las cámaras legislativas que aceleren la regularización de los inmigrantes, que solo en Nueva York suman ya más de 100.000 llegados en quince meses.

Lo hacen en nombre de “la comunidad de negocios de Nueva York”, a la que se han adherido ya 136 directivos de grandes entidades de la banca, consultoras y finanzas, principalmente, aunque también aparecen nombres de la industria del espectáculo, seguros, informática y construcción. Entre los firmantes se encuentran los directores ejecutivos de compañías como Pfizer, BlackRock o Wells Fargo, entre otras.

La idea central es que “hay escasez de trabajadores en muchas industrias de país, en las que los empleadores están dispuestos a ofrecer trabajo a personas con permisos de trabajo”, y al mismo tiempo “una necesidad apremiante de acelerar el proceso de solicitud de asilo y permisos de trabajo para los (inmigrantes) que reúnan los requisitos”, escriben los empresarios.

La incapacidad de conjugar ambas necesidades -las de las empresas y las de los inmigrantes- ha conducido a que “se sobrecarguen los recursos no solo de la región fronteriza (con México) sino también de ciudades y estados a lo largo de toda la nación”, recuerdan.

Esta es la primera vez en que las grandes empresas se pronuncian sobre la crisis migratoria, y no es con un mensaje restrictivo, sino recordando que una agilización de los procesos administrativos irá en beneficio del sector empresarial.

El mensaje de los empresarios coincide punto por punto con el que llevan proponiendo desde hace meses el alcalde de Nueva York, Eric Adams, y la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que han reclamado mayor implicación del gobierno federal en una crisis calificada ya de “emergencia humanitaria”.

La fiscalía general de Nueva York y el Departamento de Educación del estado recordaron este lunes, cerca de comenzar el nuevo curso escolar, el derecho de un niño o joven entre los 5 y 21 años a recibir educación gratuita sin importar su estatus migratorio, dominio del idioma o donde viva, y advirtieron que denunciarán o impondrán multas a las escuelas que lo impidan.

El nuevo curso escolar está por comenzar a principios de septiembre y contará con miles de nuevos estudiantes tras la llegada la ciudad de más de 100.000 inmigrantes en los últimos 15 meses, de los que 57.000 siguen acogidos en el sistema público; de ellos, cerca de 20.000 son niños en edad escolar.