EFE
La Corte Suprema de Estados Unidos celebrará hoy jueves una audiencia inédita para escuchar los argumentos a favor y en contra del intento de Donald Trump de salvarse del juicio por el asalto al Capitolio en enero de 2021 alegando que tiene inmunidad penal por haber sido presidente. La decisión que tome el alto tribunal no solo afectará al juicio penal pendiente en Washington, sino también al proceso que tiene Trump en Florida por haberse llevado documentos clasificados y al que tiene en Georgia por haber intentado revertir las elecciones en ese estado.

Tanto la jueza del caso como una corte de apelaciones han desestimado la petición, de manera que Trump elevó el caso al Supremo, que en febrero admitió estudiarlo.

La Corte Suprema nunca se ha pronunciado sobre una cuestión así dado que jamás se había imputado penalmente a un expresidente.

La jurisprudencia en Estados Unidos establece que los presidentes en funciones no pueden ser procesados penalmente para no vulnerar la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial.

Los abogados de Trump defienden que cuando son exmandatarios también deben gozar de esa inmunidad porque, de lo contrario, los presidentes no serían independientes en su toma de decisiones por miedo a ser juzgados al dejar el cargo.

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Jack Smith, el fiscal que lleva la acusación, sostiene que nadie está por encima de la ley y que el solo hecho de que ningún otro expresidente en la historia haya sido imputado antes demuestra que la conducta de Trump no tiene precedentes.

La defensa y la fiscalía invocan la figura del expresidente Richard Nixon (1969-1974), quien fue demandado por un empleado de la Fuerza Aérea que fue despedido de forma improcedente por el mandatario. Sobre ese caso, el Supremo falló en 1982, cuando Nixon ya no estaba en la Casa Blanca, que los expresidentes no pueden ser procesados por la vía civil por acciones que llevaron a cabo mientras estaban en el cargo.

Trump alega que si los exmandatarios son inmunes ante los procesos civiles también deben serlo ante los penales. Pero Smith sostiene que el indulto que Nixon recibió por parte de su sucesor, Gerald Ford, ante cualquier posible imputación por el escándalo del Watergate, que había propiciado su dimisión en 1974, demuestra que los expresidentes sí pueden ser procesados.