AFP
Desde su inculpación, Donald Trump intensificó aún más sus ataques contra el Departamento de Justicia, al que ya había calificado de “monstruo malvado”, con el riesgo de que eso mine la confianza de los estadounidenses en el Estado de derecho. Acusado de haber guardado de manera ilegal documentos secretos de la Casa Blanca, el multimillonario de 77 años es el primer expresidente estadounidense en ser procesado por la justicia federal.

“Pone al país en una situación de mucho riesgo”, enfatiza Edward Foley, profesor en la Universidad de Ohio. Para este experto en derecho electoral, hay una tensión “inevitable” entre dos principios básicos de la democracia: que “nadie está por encima de la ley” y que “el gobierno no debe usar su poder contra sus opositores”.

Para evitar este conflicto, el fiscal general Merrick Garland, que supervisa el poder judicial federal, le confió el caso a un fiscal especial conocido por su rigor, Jack Smith, mientras el presidente Biden hace lo suyo al abstenerse de comentar.

Pese a ello, Trump se dice víctima de un “Departamento de Injusticia”, “corrupto” y mercenario de “la izquierda radical”. “Cuando se arresta al principal oponente político, ya no estamos en una democracia”, insistió el martes en un discurso a sus seguidores.

Algunas figuras del Partido Republicano han tomado distancia del expresidente. Bill Barr, quien fue su fiscal general, calificó la inculpación de “contundente”. “Si solo la mitad de esto fuera cierto, (Trump) está frito”, dijo el domingo. De todas formas, estas voces suenan aisladas por ahora en el partido, pues los aliados más fieles de Trump siguen multiplicando los comentarios incendiarios.