EFE
Las tres juezas del panel que estudia si el expresidente estadounidense Donald Trump tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 se mostraron escépticas ayer durante una audiencia con los argumentos presentados por la defensa del exmandatario.

“¿Podría un presidente dar la orden de asesinar a un rival político a un SEAL Team 6?” (unidad militar de élite), cuestionó la magistrada Florence Y. Pan, del tribunal federal de apelaciones en Washington, poniendo a prueba los límites de la inmunidad defendida por el exmandatario.

El abogado de Trump, John Sauer, respondió que solo el Senado, a través de un proceso de juicio político o “impeachment” y no el brazo judicial, podría juzgar las acciones del presidente, incluso en el caso de un asesinato político planteado por Pan. Con esta defensa, los abogados de Trump buscan que se archive la causa penal en su contra por conspiración para obstruir un procedimiento oficial, abierta en su contra por los hechos del asalto al Capitolio, en la que está enmarcada esta petición de inmunidad.

Sauer argumentó que el poder juzgar y/o condenar a un mandatario por sus acciones abriría una “caja de Pandora”. “Si un presidente tiene que mirar por encima del hombro cada vez que tiene que tomar una decisión controvertida y preguntarse: '¿Voy a ir a la cárcel por esto?’ Esto debilita su cargo”, dijo el abogado.

Los argumentos de Sauer chocaron incluso a la magistrada Karen L. Henderson, la única de las tres juezas del panel nominada por un presidente republicano, George H. W. Bush.

“Creo que es paradójico decir que su deber constitucional de velar por que las leyes sean fielmente ejecutadas le permite violar el derecho penal”, afirmó Henderson. El caso sobre la inmunidad está ahora en la corte de apelaciones porque en diciembre la jueza que lleva el caso penal, Tanya Chutkan, rechazó las peticiones de Trump para archivarlo pero acordó suspender el procedimiento mientras apela la decisión.

Es probable que, una vez que la corte de apelaciones emita su fallo, alguna de las partes recurra nuevamente y el caso termine en el Tribunal Supremo. El expresidente busca así evitar el juicio por el que está acusado de varios delitos -el más grave el de conspiración para obstruir un procedimiento oficial- que podrían acarrearle un máximo de 55 años de cárcel. El inicio del juicio está previsto en un principio para el próximo 4 de marzo, coincidiendo de pleno con el proceso de elecciones primarias.