Redacción El País
Apenas 24 horas después de asumir la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump puso en práctica una de sus promesas electorales más polémicas: la deportación de migrantes indocumentados. Trump dio vía libre ayer martes a las redadas de migración en lugares previamente considerados “protegidos” como escuelas, iglesias y hospitales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) revocó una directriz de la Administración de Joe Biden que instruía a las autoridades migratorias a evitar redadas en estos lugares o cerca de ellos.

El Gobierno alega que la decisión de ayer martes “empodera” a los agentes de migración a “seguir las leyes” y capturar a los que llaman “criminales extranjeros”, indicó el DHS en un comunicado. El texto asegura además que hay “criminales” que se “esconden en las escuelas y las iglesias” para evadir ser arrestados.

La decisión llega un día después de que Trump asumiera como el presidente 47º y enfatizara que cumplirá con su promesa electoral de llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de migrantes en la historia de EE.UU.

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Entre los “sitios protegidos” se incluía tanto los centros educativos, como de salud, lugares de culto, albergues para víctimas de violencia doméstica, funerales, manifestaciones o centros de ayuda tras un desastre natural.

El gobierno de Trump “no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en su lugar confía en que utilicen el sentido común”, añade el comunicado del DHS.

Trump firmó el lunes una batería de medidas contra la inmigración ilegal para poner fin a lo que considera una “invasión”. Una de ellas elimina el programa “parole” que otorga permiso temporal a migrantes para permanecer en EE.UU.

Alegando motivos humanitarios, el gobierno de Biden permitió que migrantes de Haití, Cuba, Nicaragua y Venezuela solicitaran la entrada en EE.UU. por un periodo de dos años, si tenían un patrocinador en el país y pasaban una verificación de seguridad.

La administración demócrata “abusó del programa” de autorización condicional humanitaria “para permitir indiscriminadamente la entrada en nuestro país de 1,5 millones de migrantes”, dijo ayer el DHS.

A partir de ahora el programa volverá “a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso”, añade.

Entre las medidas tomadas por Trump también figura la anulación de la posibilidad para los migrantes de obtener legalmente una cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) para llegar a un puerto de entrada.

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El fin de la aplicación CBP One ha dejado a unas 270.000 personas varadas, de acuerdo a un estimado de la cadena estadounidense CBS. La aplicación empezó a funcionar en enero de 2023 y ha servido para que más de 930.000 personas hayan presentado sus casos.

Trump restableció además el programa “Quédate en México” por el que los migrantes esperan el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera. Estos protocolos conocidos como “Quédate en México” fueron introducidos por Trump en 2019 durante su primer mandato (2017-2021).

Según la oenegé American Immigration Council, el programa “no proporcionó el debido proceso a los migrantes”. Solo el 7,5%, o incluso menos, de las personas sujetas al programa lograron contratar a un abogado. Para diciembre de 2020, de los 42.012 casos de “Quédate en México” completados solo 521 personas ganaron en las cortes migratorias.

Un grupo de estados de tendencia demócrata lanzó ayer martes acciones legales para bloquear la orden de Trump que busca poner fin al derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Dos demandas que involucran a un total de 22 estados, entre ellos California y Nueva York, fueron consignadas un día después del regreso al poder de Trump.

Entre las medidas aprobadas por Trump el lunes, destacó particularmente una destinada a eliminar el denominado derecho de suelo, que, amparado en la 14ª Enmienda de la Constitución, garantiza la ciudadanía estadounidense a toda persona que nazca en territorio nacional. “La orden ejecutiva del Presidente que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento es flagrantemente inconstitucional y, sinceramente, antiestadounidense”, dijo el fiscal general de California, Rob Bonta, al anunciar la demanda.

La demanda, presentada en un tribunal federal de Massachusetts, se suma a una querella similar contra la medida interpuesta el lunes por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones defensoras de los derechos humanos.

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El lunes Trump dejó claro que aplicará su lema “EE.UU. primero”. Consultado por periodista en la Casa Blanca, sobre Brasil y Venezuela, respondió: “no los necesitamos”.

“Ellos nos necesitan mucho más que nosotros a ellos. Nosotros no los necesitamos”, contestó sobre Brasil, pero añadió que la relación debería ser “excelente”.

Respecto a Venezuela, dijo que mira a ese país “con mucho interés” y aseguró que no quiere su petróleo.

Venezuela “es un país que conozco muy bien por varias razones. Fue un gran país hace 20 años y ahora es un desastre”, dijo Trump.

A la pregunta de un periodista de si seguía comprometido a que el dictador Nicolás Maduro deje el poder, Trump respondió: “También lo vamos a averiguar, porque probablemente vamos a dejar de comprar petróleo a Venezuela. No lo necesitamos”.

El presidente Donald Trump anunció ayer martes un megaproyecto de inteligencia artificial (IA), bautizado “Stargate”, que supondrá inversiones de al menos 500.000 millones de dólares en Estados Unidos. Flanqueado en la Casa Blanca por los directores ejecutivos Larry Ellison (Oracle), Sam Altman (OpenAI) y Masayoshi Son (holding japonés SoftBank), Trump anunció la creación de esta “nueva empresa estadounidense que invertirá al menos 500.000 millones de dólares en infraestructuras de IA” en el país. “Esta compañía monumental es una rotunda declaración de confianza en el potencial de Estados Unidos bajo un nuevo presidente”, dijo. La iniciativa está liderada por Softbank, la compañía tecnológica Oracle y OpenAI.

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