Eurocámara destituyó a la diputada griega protagonista del escándalo de sobornos

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Eurodiputada griega Eva Kaili, una de las vicepresidentas del Parlamento Europeo. Foto: AFP

PARLAMENTO EUROPEO

La eurodiputada de 44 años fue arrestada después que investigadores belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, vinculadas a un soborno de Qatar.

El Parlamento Europeo destituyó ayer martes del cargo de vicepresidenta a la legisladora griega Eva Kailí, detenida por un caso de sobornos, en una enérgica reacción para recuperar la credibilidad.

La plenaria aprobó por 625 votos a favor y apenas uno en contra y dos abstenciones la destitución de la socialdemócrata griega Eva Kaili del cargo de vicepresidenta.

La remoción de Kaili había sido recomendada al plenario por la Conferencia de Presidentes, el grupo formado por la titular del Parlamento y los líderes de los diferentes bloques políticos.

Una investigación abierta por la fiscalía belga provocó el arresto e imputación de Kaili y otras tres personas por sospechas de recibir fuertes sumas de dinero de un “Estado del Golfo Pérsico”, que sería Qatar, para defender sus intereses en el Parlamento.

La eurodiputada de 44 años fue arrestada después que investigadores belgas hallaron en su residencia bolsas repletas de dinero en efectivo, aunque su abogado asegura que Kaili no aceptó ningún “soborno de Qatar”.

“Su posición es que es inocente. No tiene nada que ver con los sobornos de Qatar”, dijo el abogado Michalis Dimitrakopoulos a una red griega de televisión, Open TV.

La fiscalía federal belga anunció el lunes que en allanamientos realizados en tres lugares diferentes incautó una importante cantidad de dinero en efectivo.

Según esa fuente, se encontraron 600.000 euros (unos 630.000 dólares) en la casa del exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri; 150.000 euros en el apartamento de Kaili, y 750.000 en una maleta en una habitación de hotel contratada por el padre de la diputada.

La policía también allanó una oficina del Parlamento Europeo en Bruselas para apoderarse de datos informáticos de una decena de funcionarios.

El escándalo representa un golpe brutal para la credibilidad del Parlamento Europeo.

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