La justicia peruana extendió este jueves a 36 meses la prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente Pedro Castillo, quien responde desde la cárcel por cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre.

En principio el exmandatario de 53 años deberá seguir tras la rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos.

En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso.

“Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló el Poder Judicial en Twitter.

Castillo hizo una corta intervención ante la cámara desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida: “Vamos a hacer lo que la ley me faculta: apelaremos”, dijo.

El magistrado también dispuso 36 meses de prisión preventiva al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.

Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. En su lugar asumió Dina Bouluarte.

Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos.

Con información de AFP