EFE, AFP
Familiares de detenidos en las manifestaciones contra la controvertida reelección de Nicolás Maduro en Venezuela, protestaron estas semana a las afueras de una cárcel en el estado Carabobo, informó este jueves la ONG Una Ventana a la Libertad.

A través de una nota de prensa, los familiares denunciaron que los detenidos reciben “comida dañada” y que llevan “cuatro días” sin poder tomar agua.

Asimismo, manifestaron que los detenidos no cuentan con productos de higiene personal y -agregaron- las autoridades no permiten que los familiares se los entreguen en el horario de visita.

La ONG indicó que a estos presos se les viola el debido proceso porque no se les permite designar abogados “de confianza” y -dijo- “ponen a defensores públicos que no muestran las pruebas y documentos entregados por los familiares”.

El pasado 11 de octubre, la ONG Provea informó que personas detenidas luego de las elecciones del 28 de julio son presionadas y amenazadas para que “admitan delitos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) les ha imputado sin pruebas” y “sin garantías” al “debido proceso”, según denuncias que recibió la organización de familiares de los apresados.

A través de la red X, la ONG informó que los familiares denunciaron que “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad bajo amenazas de ser pasados a juicios sin ningún tipo de beneficio procesal”, incluso -agregó la ONG- mediante “el sometimiento a torturas y tratos crueles”, que incluyen “golpizas, negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”.

“Se les estaría obligando a firmar y poner sus huellas digitales en papeles en blanco, lo que constituye un fraude procesal masivo y una nueva y abierta violación de las garantías judiciales de los detenidos”, señaló entonces Provea.

Foto: AFP

Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, más de 2.400 personas fueron detenidas, según el régimen de Maduro, en un contexto de protestas contra el resultado oficial, considerado fraudulento por el mayor bloque opositor, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó los comicios.

Al grito de “¡ni terroristas, ni delincuentes, nuestros muchachos son inocentes!”, los familiares de los detenidos exigieron su libertad frente a la cárcel de máxima seguridad Tocuyito en Carabobo.

“Estamos aquí todas las madres -de varios estados del país- (...) Nuestros hijos no son ladrones, no son asesinos, no son matones, no son ningunos terroristas”, dijo Mireya González, de 53 años, portavoz del grupo que portaba camisetas con los rostros de los detenidos.

“Todo lo que nosotros pedimos y lo único que nosotros pedimos para nuestros hijos es libertad”, indicó González, madre de Sandro Rodríguez, de 25 años, arrestado hace dos meses en Barquisimeto y trasladado al penal de máxima seguridad a unos 200 kilómetros de distancia. Tocuyito y Tocorón en Aragua son las dos cárceles habilitadas por el régimen para recluir a los manifestantes, acusados de “terrorismo”, tras las protestas poselectorales que dejaron más de 2.400 detenidos y 27 muertos.

González, como muchas madres, ha tenido que trasladar su dormitorio a un lugar cerca de la prisión para intentar tener información sobre su hijo en medio de las dificultades por la distancia y las restricciones de las autoridades que en muchos casos solo ha permitido una visita.

En Tocuyito hay “441 detenidos (en el marco de las manifestaciones) y 221 tienen alguna patología (médica). No los están atendiendo. Una vez a uno le dijeron: cuando se estén muriendo los atendemos”, dijo González.

“No hay agua. Les dan muy poca comida y malísima. Al principio había gusanos (...) Esta mañana el desayuno era pollo podrido que no podían comer”, denunció otra madre en condición de anonimato por su seguridad. Otros aseguran que ha habido “numerosos intentos de suicidio”.

“Tengo un pedido que hacerle a nuestro presidente Nicolás Maduro, quien declaró Feliz Navidad en Venezuela (adelantó la Navidad). Que les dé la libertad a estos muchachos inocentes”, insistió Yaisleth Petit, cuyo marido Carlos Caripa está encarcelado.

Foto: Archivo El País

El total de extranjeros detenidos en Venezuela por supuestamente conspirar contra el régimen subió a 19, según aseguró ayer jueves el ministro de Interior, Diosdado Cabello, quien presentó las identidades de 14 de ellos y reiteró que existe una operación internacional para asesinar al dictador Nicolás Maduro.

Entre los aprehendidos en las últimas cuatro semanas hay dos colombianos, tres estadounidenses -uno de ellos con nacionalidad boliviana-, un peruano y un libanés.

Este grupo se suma a los cuatro estadounidenses, dos españoles y un checo, cuyos arrestos fueron informados en septiembre pasado.

“A todos estos ciudadanos extranjeros se les garantizan sus derechos, pero sus Gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, objetivos de servicios públicos, para hacerle daño a nuestro país”, remarcó Cabello.

Durante su comparecencia, el ministro mostró parte del material bélico supuestamente incautado a los detenidos -que incluye cerca de 500 armas-, y aseguró que, aunque estos fueron capturados en distintos operativos, fechas y lugares, todos guardan vinculación entre ellos y, a su vez, con los supuestos planes desestabilizadores.

“Es una política del imperialismo, sin ninguna duda, en este caso con sus elementos de acción, dirigidos por la CIA y el (Centro Nacional de Inteligencia) CNI español, que es el que está al frente directamente de la operación”, insistió.

Cabello denunció que el CNI lidera “el reclutamiento”, “la búsqueda” y “el suministros de armas” para esta operación, aunque sin mostrar pruebas al respecto y pese a que España ha negado que sus dos nacionales detenidos en Venezuela formen parte del organismo de Inteligencia.

El CNI “introduce en Venezuela mercenarios (...) para asesinar a líderes y dirigentes de la revolución”, aseveró Cabello.

Al ser preguntado sobre la presunta relación de la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- con estos planes, aseguró que “esa vinculación está muy clara”, y mencionó directamente a la principal figura de ese bloque, María Corina Machado, como responsable de esta “conspiración”. EFE)