ARGENTINA

El fiscal Diego Luciani pidió que Cristina Kirchner sea condenada a una pena de prisión efectiva de 12 años al acusarla de ser jefa de una asociación ilícita agravada y de administración fraudulenta agravada por su condición de funcionaria pública, en concurso real. En su última jornada de alegatos por la causa Vialidad, Luciani solicitó que la vicepresidenta sea inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos y que su fortuna sea decomisada hasta la suma de al menos 5.321 millones de pesos. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia”, interpeló al tribunal.

Se tratan de unos 1.000 millones de dólares, calculados a un dólar promedio entre el valor de la divisa en la primera y la última de las licitaciones analizadas, y se solicitará su actualización.

“Este es el monto del delito”, dijo el fiscal y aseguró que debe prorratearse entre todos los acusados. Si alguien no tiene suficiente dinero, el resto debe ser solidariamente responsables de aportarlo con su patrimonio.

“Atenta contra el sistema democrático quien incurre en grave delito doloso que implique enriquecimiento”, recordó Luciani y por eso dijo que en el juicio quedó exhibida “la matriz de corrupción más evidente de los últimos 40 años” y que la corrupción no tiene fronteras ideológicas.

Si el tribunal decide condenar a Cristina Kirchner (el veredicto se conocería a fin de año) la pena de prisión efectiva solo se cumpliría si el fallo queda firme, es decir, una vez que lo revise la Corte Suprema de Justicia, lo que lleva años. Lo mismo cabe con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, en caso de que se le imponga ese castigo, por lo que no tendría inconvenientes para postularse a un cargo electivo en 2023.

Luciani argumentó que, desde ese rol de jefa de la organización, Cristina Kirchner mantuvo un mecanismo de corrupción institucional durante 12 años.

Sostuvo además que la estructura la montó su esposo, Néstor Kirchner, cuando se aseguró de convertir a Lázaro Báez, exempleado bancario, sin experiencia en la construcción, en el contratista al que le iban a dar la obra pública santacruceña por miles de millones de pesos. Señaló que, luego, parte de ese dinero, una vez blanqueado mediante el pago de supuestos contratos de alquiler hotelero, regresó al patrimonio presidencial.

“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Luciani, y señaló que “los imputados sustrajeron los fondos del erario en provecho particular adoptando las medidas para efectuarlo en condiciones de impunidad, desactivando los mecanismos de control”.

Y enfatizó: “La corrupción fue la regla, el Estado de derecho quedó rezagado y este desequilibrio debe restaurarse en este juicio con una sentencia justa. Es el Estado de derecho y el respecto a la Constitución la regla, no al corrupción”.

“Los funcionarios deben rendir cuenta de sus acciones. Determinar qué hay detrás de la obra pública es función del Poder Judicial”, dijo Luciani, para rechazar la idea de que estas decisiones no eran revisables judicialmente.

El fiscal Luciani y su colega Sergio Mola reclamaron además que como organizadores de la asociación ilícita sean condenados Julio de Vido, a 10 años de prisión; el exsecretario de Obras Públicas José López, a 10 años de cárcel; el ex-titular de la Dirección de Vialidad Nacional Nelson Periotti, a 10 años; y Lázaro Báez, a la pena de 12 años de prisión.

López ya está condenado a seis años de cárcel por enriquecimiento ilícito, por lo que en caso de una condena será unificada con aquella.

Lo mismo sucede con Báez, que ya fue sentenciado a 12 años de cárcel, y con De Vido, ya condenado a cuatro años por la compra de trenes a España y Portugal y a cinco años y medio de cárcel por la tragedia de Once.

La fiscalía entendió que a Carlos Kirchner, primo de Néstor Kirchner, le corresponde la pena de dos años en suspenso y solo lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pidió absolverlo por asociación ilícita.

Por administración fraudulenta, el fiscal pidió que sean condenados el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala a cuatro años a los exresponsables del Distrito N° 23 “Santa Cruz” de la DNV Raúl Osvaldo Daruich a cinco años de prisión; a Mauricio Collareda a seis años; y a los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, a tres años en suspenso; Juan Carlos Villafañe, a 6 años de prisión; a Raúl Gilberto Pavesi, a cinco años de prisión y José Raúl Santibáñez, a cuatro años.

“El orden público ha sido trastocado -dijo Luciani- por una organización de funcionarios de alta jerarquía, presidida por la presidenta de la Nación como jefa y sus principales ministros como organizadores”.

Enfatizó que “se sustrajeron fondos de la ciudadanía tributados en la confianza en que se iba utilizar en fines lícitos y en su beneficio”.

El actuar mancomunado de los integrantes de la organización aseguró su impunidad, entendió el fiscal, quien consideró como agravantes la calidad de funcionarios públicos, su alta jerarquía y el deber que tenían de custodiar fondos públicos.

Con respecto a Cristina Kirchner, el fiscal entendió que son agravantes la magnitud de los delitos cometidos, su aporte dirimente, su poder de dirección de los demás y porque fue una de las “usufructuarias” de la conducta, la “extensión del daño”, el “lucro personal buscado”.

La pena aumenta en función de las resistencias internas que debió vender para cometer el delito, dijo Luciani.

Interpretó que el hecho implicó una “cuidadosa reflexión” y el apartamiento de cualquier escrúpulo”.

Valoró negativamente su cargo de presidenta, que prometió defender “con lealtad y patriotismo”. “Todo esto lo incumplió”, enfatizó.

“No encuentro ni un atenuante en los graves crímenes cometidos”, dijo el fiscal.

Gobierno “condena la persecución judicial”

Para el Gobierno de Argentina, la vicepresidenta Cristina Kirchner es víctima de una “persecución judicial”. “El Gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada ‘causa Vialidad’”, dijo la Presidencia en un comunicado.

Según el Ejecutivo de Alberto Fernández, la “persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita y la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada” son “aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal” en el estado de derecho.

“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del Derecho Penal moderno”, señala el comunicado.

El Gobierno reiteró su “adhesión al principio constitucional de inocencia y a la plena vigencia del funcionamiento democrático de la Justicia, el derecho de defensa y la igualdad ante la ley” y dijo que “seguirá bregando por una reforma judicial que garantice estos valores para todos y todas”.

Asimismo, expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta frente a “esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la Justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

A modo personal, el presidente Alberto Fernández sostuvo que “es un día muy ingrato” para alguien que, como él, “se ha criado en la familia de un Juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas” y reiteró su “más profundo afecto y solidaridad” a la vicepresidenta.

Cristina Kirchner, de 69 años, es juzgada por el presunto delito de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.

En el proceso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos del fallecido Néstor Kirchner y luego en el de su esposa Cristina en la provincia de Santa Cruz.